La Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA) ha rechazado la reforma judicial, argumentando que esta amenaza la independencia y estabilidad del sistema judicial del país.
En un pronunciamiento reciente, la UIBA advirtió que la reforma, impulsada por Morena y sus aliados, podría causar un daño irreversible a la democracia y a la estructura jurídica mexicana.
Durante su reunión del 22 de mayo de 2024, la UIBA discutió ampliamente los riesgos de la reforma, que incluye la eliminación masiva de jueces y magistrados a favor de un sistema de votación popular para ocupar estos cargos.
La organización subrayó que dicha reforma podría desmantelar la carrera judicial y el equilibrio de poderes, elementos esenciales para una administración justa y equilibrada del país.
“La propuesta de reforma al Poder Judicial es una amenaza directa al Estado de derecho y a la estabilidad democrática de México,” declaró la UIBA en un comunicado.
La organización instó al respeto de los principios constitucionales y a la preservación de los valores democráticos fundamentales. También hizo un llamado a preservar el sistema de designación judicial que garantice independencia, libertad y profesionalismo.
La UIBA respaldó su postura con referencias a tratados internacionales, incluyendo la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establecen estándares para la independencia judicial y el equilibrio de poderes.
Además, la UIBA expresó su solidaridad con los miembros del Poder Judicial afectados por la reforma y condenó las críticas y ataques provenientes del Poder Ejecutivo federal y de algunos legisladores.
La organización se unió a otros cuerpos de abogados, como la Barra Mexicana de Colegio de Abogados y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, que también han mostrado su oposición a la reforma.
La UIBA concluyó su declaración reafirmando la necesidad de un sistema judicial que asegure la imparcialidad y el respeto por el Estado de derecho, y pidió que se mantenga el equilibrio entre los poderes del Estado para garantizar una justicia efectiva y equitativa.
