AMLO cuenta con protección militar en su residencia de «La Chingada»
El expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recibe protección militar en su domicilio particular en «La Chingada», ubicado en Palenque, Chiapas.
Esta información fue confirmada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que detalló que un grupo de militares se encarga de su seguridad.
Según reportes de El Universal, la Sedena especificó que el esquema de seguridad para López Obrador está a cargo de un equipo militar, lo que garantiza su protección tras dejar la presidencia el 1 de octubre, cuando Claudia Sheinbaum asumió el cargo. López Obrador se mudó a «La Chingada» el mismo día en que entregó la banda presidencial.
El perímetro de la propiedad está asegurado con cámaras de videovigilancia y personal de vigilancia, además de estar cercado con alambre. Esta medida ha generado debate sobre la seguridad que reciben los exmandatarios, especialmente después de que López Obrador decidiera retirar las pensiones y escoltas personales a sus predecesores.
Al inicio de su administración en 2018, AMLO eliminó las pensiones y escoltas para ex presidentes como Vicente Fox y Felipe Calderón. Sin embargo, en abril de 2019, tras las solicitudes de estos exmandatarios para mantener su protección, se asignaron ocho elementos de seguridad a cada uno. Calderón argumentó su necesidad mediante una carta, mientras que Fox reportó un intento de asalto a su domicilio en Guanajuato.
A pesar de haber prometido que los ex presidentes tendrían que asumir la responsabilidad de su propia vigilancia, López Obrador reconoció que se mantendrían bajo resguardo mientras fuese necesario. La Sedena ha confirmado que actualmente hay un total de 80 elementos resguardando a los ex presidentes, lo que representa un costo significativo para el erario.
Este esquema de protección militar para López Obrador plantea interrogantes sobre el uso de recursos públicos y la seguridad personal de los ex mandatarios en México. Mientras algunos consideran necesaria esta protección ante posibles amenazas, otros critican la continuidad del gasto en seguridad para quienes ya no ocupan cargos públicos.
Con información de La Otra Opinión
