Claudia Sheinbaum publica decreto que califica la masacre del 68 como crimen de lesa humanidad
En su primera conferencia matutina como presidenta, Claudia Sheinbaum dedicó el miércoles 2 de octubre a conmemorar el movimiento estudiantil de 1968, declarando los hechos como un «crimen de lesa humanidad».
Esta declaración forma parte de un decreto que será publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), reconociendo la violencia gubernamental del 2 de octubre como un acto grave que marcó la historia de México.
Durante la conferencia, se proyectó un video narrado por Pablo Gómez, exlíder estudiantil y actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quien rememoró los hechos que culminaron en la masacre de Tlatelolco. Gómez, cercano al expresidente López Obrador, subrayó que el 2 de octubre debe ser recordado como un hito en la historia política del país.
Sheinbaum, quien afirmó ser «hija del 68», recordó la participación de su madre en el movimiento y relató cómo, siendo niña, visitó a Pablo Gómez en la cárcel de Lecumberri.
La presidenta destacó que los eventos del 2 de octubre abrieron las puertas a la participación política de los jóvenes, un legado que debe seguir presente en la conciencia de las nuevas generaciones.
Ernestina Godoy, consejera jurídica de Presidencia, leyó el decreto en el que se reconoce oficialmente que los actos de represión contra los estudiantes constituyen un crimen de lesa humanidad. Además, se ofreció una disculpa pública a las familias de las víctimas.
En el documento, el gobierno se compromete a garantizar la no repetición de estas atrocidades, condenando la represión de movimientos sociales y el uso de la fuerza militar contra la población.
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, también se pronunció, ofreciendo una disculpa pública en nombre del Estado mexicano.
Dirigiéndose a las familias de los desaparecidos y sobrevivientes, aseguró que el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar que estos crímenes no sean olvidados y que la justicia se mantenga como una prioridad en la memoria histórica del país.
Con información de El Financiero