Las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México (CDMX) aprobaron este lunes un dictamen que despenaliza por completo el aborto en la capital.
Con 15 votos a favor y 6 en contra, el dictamen elimina varios artículos del Código Penal que criminalizaban la interrupción del embarazo después de las 12 semanas de gestación, incluyendo los artículos 144, 145, 147 y 148, así como el delito de aborto en el artículo 76.
Los votos en contra provinieron de los legisladores del PAN Olivia Garza, Lizzet Bernal, Enrique Sánchez Flores y Diego Garrido, y de las legisladoras del PVEM Yolanda García y Paula Pérez. Durante la discusión, Garrido solicitó suspender la sesión, alegando que no se convocó con las 48 horas de anticipación requeridas por reglamento.
Sin embargo, Alberto Martínez Urincho, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, aclaró que la sesión fue convocada de manera urgente y que se trató de un “tema de interpretación”. La legisladora Elizabeth Mateos añadió que hubo un “error de dedo” en la convocatoria. Ante esta situación, Garrido anunció que impugnará la sesión, considerándola “ilegal”.
Durante el debate, Jannete Guerrero, del PT, defendió la despenalización como un tema de salud y justicia social. «Despenalizar es no castigar; no confundamos con legalizar, que implica permitir y regular», enfatizó Guerrero.
Por otro lado, América Rangel, diputada del PAN, expresó su preocupación por la eliminación del límite de 12 semanas. Señaló que la despenalización permitiría interrumpir el embarazo en cualquier etapa, «incluso un minuto antes del parto».
Valentina Batres, de Morena, argumentó que la criminalización del aborto es una herramienta de opresión y recordó que la Suprema Corte ha declarado que castigar a quienes buscan un aborto es incompatible con los derechos humanos.
“Hoy tenemos el deber de hacer realidad este derecho”, afirmó, subrayando que no se trata de permitir la privación de la vida, sino de brindar un derecho que refleje una decisión informada y consciente sobre la maternidad.
