Congresista colombiana Angélica Lozano denuncia expulsión arbitraria de Venezuela
La congresista colombiana Angélica Lozano, del Partido Alianza Verde, ha denunciado que fue expulsada sin justificación del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar en Venezuela. Lozano, quien recientemente asumió la presidencia de la Comisión Cuarta del Senado, reveló en redes sociales que las autoridades venezolanas la despojaron de su pasaporte y la obligaron a abandonar el país junto con otras cuatro personas, dos mujeres ecuatorianas y dos jóvenes colombianos.
En un video compartido en X, Lozano relató que durante su tiempo en Caracas, el personal del aeropuerto retuvo su pasaporte por más de una hora, sin proporcionar información clara o permitirle comunicarse con la embajada colombiana. Según la congresista, las autoridades venezolanas también amenazaron con confiscar sus celulares si intentaban realizar una llamada.
La congresista expresó su preocupación por la violación de sus derechos y lamentó que esto le impidiera acompañar a la líder opositora María Corina Machado en un evento con el candidato presidencial Edmundo González. Lozano manifestó su solidaridad con el pueblo venezolano y criticó duramente el régimen de Nicolás Maduro, señalando el abuso de poder y la falta de transparencia en el proceso.
Posteriormente, Lozano fue embarcada en otro vuelo junto con los ciudadanos a quienes también se les negó la entrada al país. La congresista enfatizó que no pagó por el nuevo vuelo y comparó la situación con el sufrimiento del pueblo venezolano bajo el régimen actual.
Un joven bogotano que viajaba con Lozano describió la situación como un «atropello» y criticó la falta de claridad sobre las razones de su expulsión. Lozano, con voz entrecortada, expresó su esperanza de que Venezuela pronto recupere la democracia y criticó al régimen por impedir la entrada de observadores internacionales imparciales.
La opositora venezolana Olivia Lozano también se pronunció sobre el incidente, calificándolo como un “golpe” contra las garantías electorales y sugiriendo que el régimen chavista no quiere permitir la llegada de observadores imparciales para evitar la supervisión de las arbitrariedades del proceso electoral.
