La crisis en el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) se intensifica tras la renuncia de cuatro funcionarios clave, quienes abandonan sus cargos en medio del escándalo por la falsificación de firmas en la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización. Estas renuncias se suman a la reciente salida de René Quiñones, exdirector de la misma área.
Los funcionarios que dejaron sus puestos son Alain Barrera Lomelí, director de Quejas; Mónica Vianey García Flores, subdirectora de Procedimientos Sancionadores II; Aldo Pinto Rangel, jefe de departamento de Trámite y Sustanciación II; y Ana Laura Montes Torres, asistente administrativa. Aunque se informó que sus renuncias se deben a «cuestiones personales», la relación con el escándalo de las firmas falsas es inevitable.
Durante la sesión del Consejo General del IECM, la presidenta de la Comisión de Quejas, Érika Estrada, elogió el trabajo de René Quiñones, destacando su «legado de excelencia». Sin embargo, la gravedad del caso ha generado un ambiente de desconfianza, especialmente después de que el consejero Ernesto Ramos Mega revelara que su firma electrónica fue utilizada sin su autorización en dos documentos diferentes. Este hecho motivó su decisión de renunciar a la Comisión de Quejas del instituto.
El escándalo ha puesto en el centro de la atención pública la integridad del IECM, especialmente en un momento en que se toman decisiones críticas, como la prohibición a diversos morenistas de usar la frase «cártel inmobiliario» durante las campañas electorales, un proyecto que fue aprobado por dos de tres consejeros, en respuesta a una solicitud del PAN.
