Internacional

Denuncia de acoso y agresión sexual sacude a la política española: Elisa Mouliaá acusa a Íñigo Errejón

La actriz española Elisa Mouliaá ha presentado una denuncia penal por acoso y agresión sexual contra Íñigo Errejón, exvocero de Sumar y fundador de Podemos. Este caso ha generado un intenso debate político y mediático en España.

La denuncia se interpuso ante la policía, donde Mouliaá narró un episodio ocurrido en septiembre de 2021, cuando aún mantenía una relación de amistad con Errejón. Según su relato, en una fiesta en casa de un tercero, el político, impulsado por un ataque de celos, la encerró en un dormitorio. La actriz describió que Errejón «empujó a la dicente sobre la cama y comenzó a lamer la zona de los pechos». Ella recordó sentirse «paralizada» y aseguró que no consintió a lo que estaba ocurriendo.

El relato de Mouliaá incluye detalles de la reacción de Errejón tras una llamada que recibió de su padre, informándole de que su hija de un año tenía fiebre. A pesar de su preocupación, Errejón se mostró «frío e impasible», llevándola sin ofrecer ayuda a la casa del político. Allí, según la denuncia, Errejón intentó nuevamente besarla y realizó tocamientos inapropiados, mientras ella expresaba su incomodidad y preocupación por su hija. «Íñigo, solo sí es sí, parece mentira que me esté pasando esto contigo», le dijo Mouliaá, al sentir que la situación era violenta.

La denuncia ha desatado una tormenta política, llevando a Sumar a cancelar una cumbre prevista para este fin de semana. Críticas han surgido hacia la cúpula del partido, que supuestamente conocía las denuncias desde hace más de un año y mantuvo un silencio al respecto. La vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, también ha sido objeto de reproches por no haber actuado.

Asimismo, se exige aclarar la supuesta intermediación de Lorena Arenillas, diputada autonómica y jefa de gabinete de Errejón, para disuadir a otras mujeres de presentar denuncias contra él.

Además, se ha dado a conocer que Errejón ha estado sometido a tratamientos por adicción a las drogas y al sexo, así como a terapia psicológica para controlar sus ataques de ira. Si es hallado culpable de las acusaciones, podría enfrentar una pena de hasta cinco años de prisión.

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