EE.UU. impone sanciones a 16 aliados de Maduro por violaciones electorales y derechos humanos
Estados Unidos sancionó este jueves a 16 aliados clave del presidente venezolano Nicolás Maduro, acusándolos de obstruir el proceso electoral y cometer violaciones a los derechos humanos. La decisión llega tras las controversiales elecciones del 28 de julio en Venezuela, que fueron ampliamente criticadas por la comunidad internacional.
Entre los sancionados se encuentran el presidente del Tribunal Supremo, así como líderes de las fuerzas de seguridad y fiscales involucrados en el proceso. Esta medida se produce apenas días después de que el ex diplomático Edmundo González Urrutia, quien alegó haber ganado las elecciones, abandonara el país.
Las autoridades venezolanas proclamaron a Maduro como ganador de los comicios, pero a diferencia de elecciones anteriores, el desglose de los resultados nunca se hizo público. Las críticas internacionales sobre la falta de transparencia llevaron a Maduro a solicitar una auditoría al Tribunal Supremo, que finalmente ratificó su victoria.
Observadores internacionales, incluyendo expertos de las Naciones Unidas y del Centro Carter, quienes fueron invitados por el gobierno venezolano, determinaron que los resultados carecían de credibilidad. El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, criticó duramente la situación: “En vez de respetar la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas, Maduro y sus representantes falsamente se declararon ganadores mientras reprimen e intimidan a la oposición democrática, en un intento ilegítimo por aferrarse al poder a la fuerza”.
El Departamento de Estado de EE.UU. ha impuesto nuevas restricciones de visas a los aliados de Maduro implicados en entorpecer la votación y reprimir a la oposición. Aunque no se han revelado los nombres de los sancionados, el Departamento del Tesoro ya ha penalizado a más de 140 funcionarios venezolanos, actuales y anteriores. Además, el Departamento de Estado ha identificado a casi 2,000 individuos que podrían enfrentar restricciones por corrupción, ataques a la democracia o violaciones a los derechos humanos.
