El Jurista español Manuel Atienza asegura que México ha dejado de ser un Estado de Derecho
El catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Alicante, Manuel Atienza, afirmó este viernes que “México ha dejado de ser un Estado de derecho” tras la reciente aprobación de la reforma al Poder Judicial.
Durante su intervención en la conferencia «El concepto de Estado de derecho y la reforma judicial en México», organizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Atienza criticó fuertemente las justificaciones del gobierno federal para implementar esta reforma.
“Califico como ridícula la justificación del gobierno federal de que la reforma se implementó para detener la corrupción”, declaró Atienza, quien argumentó que si el voto popular fuera un verdadero antídoto contra la corrupción, los legisladores electos no incurrirían en prácticas corruptas. “Como sabemos, naturalmente en México y en otros lados, no es así”, añadió.
Atienza enfatizó que “sin independencia judicial no hay separación de Poderes”, lo que implica que la reciente reforma, impulsada por el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, socava uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho.
Según él, el objetivo principal de esta reforma es eliminar la independencia judicial a través de la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, que tendría competencias extraordinarias para destituir a jueces cuyas sentencias no sean consideradas “profesionales o de excelencia”.
La reforma al Poder Judicial fue promulgada el 15 de septiembre y actualmente se lleva a cabo un proceso para registrar a los aspirantes a jueces, magistrados y ministros.
Atienza advirtió que esta situación podría tener graves consecuencias para el sistema judicial mexicano y su capacidad para operar con imparcialidad.
El catedrático español también destacó que las reformas judiciales deben ser evaluadas con un enfoque crítico, considerando su impacto real en la justicia y en la vida cotidiana de los ciudadanos. “Es fundamental mantener un sistema judicial independiente para garantizar los derechos y libertades fundamentales”, concluyó.
