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El paro del Poder Judicial costó más de 12 mil millones de pesos: Lenia Batres

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, reveló el impacto económico del paro que realizaron los trabajadores del Poder Judicial. En un mensaje difundido este 26 de octubre en sus redes sociales, Batres informó que los 67 días de suspensión de actividades generaron un daño al erario por 12 mil 650 millones 565 mil 738 pesos.

“Esta interrupción no fue menor”, destacó Batres, precisando que la cifra diaria de afectación ascendió a 188 millones 814 mil 414 pesos, considerando el presupuesto anual del Poder Judicial para los tribunales de circuito y juzgados de distrito, que asciende a 68 mil 917 millones 261 mil 195 pesos.

Motivo del paro y sus repercusiones

El paro de actividades, iniciado el 19 de agosto, fue impulsado por la oposición de trabajadores, jueces y magistrados a la reforma judicial propuesta por el presidente López Obrador. Dicha reforma plantea, para junio de 2025, la elección popular de la mitad de los jueces y magistrados, así como de todos los ministros de la SCJN, lo que generó fuertes críticas y resistencia al interior del Poder Judicial.

Ante la prolongación del paro, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) decidió reanudar las actividades en tribunales y juzgados del país el 23 de octubre. Mediante la Circular 23/2024, el CJF advirtió sanciones para aquellos trabajadores que continuaran con la suspensión.

División en la votación del CJF y retorno a las actividades

El regreso a las actividades fue aprobado por una votación dividida en el CJF, con cuatro votos a favor y tres en contra. Esta decisión reafirmó lo establecido en la Circular 22/2024, emitida el 16 de octubre, en la que se había ordenado la reapertura gradual de los juzgados.

Con la reanudación total el 24 de octubre, se instruyó a los titulares de los órganos jurisdiccionales a garantizar el funcionamiento óptimo del sistema judicial. El cumplimiento de asistencia se convirtió en una medida clave para asegurar la normalización de los procesos judiciales en todo el país.

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