La difícil situación de acceso a la vivienda en España ha llevado a una propuesta radical por parte de Podemos para hacer frente a la crisis habitacional que enfrenta el país. La secretaria general del partido, Ione Belarra, ha presentado una iniciativa para expropiar el uso de 92,000 viviendas en manos de grandes fondos de inversión y destinarlas al alquiler social.
El alquiler, tanto en propiedad como en arrendamiento, se ha convertido en uno de los principales problemas para los españoles, con precios que han alcanzado máximos históricos. En este contexto, Belarra destaca la importancia del alquiler social como única opción para muchas familias con ingresos insuficientes para acceder al mercado libre. En mayo, las rentas subieron un 1.8% respecto al mes anterior, situando el precio del metro cuadrado en 13.2 euros, el más alto registrado en la historia.
Durante el debate del decreto para prorrogar la suspensión de los desahucios hipotecarios hasta 2028, Belarra hizo hincapié en la necesidad de expropiar «el uso de la mitad de las viviendas de estas grandes empresas para que formen parte del parque público de vivienda en alquiler», señalando a compañías como Blackstone o CaixaBank, acusándolas de especular con la vivienda.
Según datos de la Fundación Ciudadana Civio, CaixaBank posee cerca de 22,000 viviendas alquiladas y es el mayor arrendador privado en varias comunidades autónomas, mientras que Blackstone tiene alquiladas cerca de 19,600 viviendas en España, concentrando la mayor parte en la Comunidad de Madrid.
Estas dos entidades son los mayores propietarios de las 737 empresas o grupos empresariales que acumulan al menos 50 viviendas alquiladas en once comunidades autónomas, conocidos como ‘megatenedores’, y entre todos, superan los 178,000 alquileres, una cifra significativa en comparación con los 1.8 millones de hogares en régimen de alquiler contemplados en estos territorios.
