Evo Morales denuncia «guerra jurídica» tras imputación por trata de personas en Bolivia
El expresidente boliviano Evo Morales se declaró el 17 de diciembre víctima de una «brutal guerra jurídica» después de que la fiscalía emitiera una imputación formal en su contra por el delito de trata de personas. Según Morales, esta acción es parte de un plan orquestado por el gobierno de Luis Arce bajo la influencia de Estados Unidos.
Acusaciones y contexto
La imputación contra Morales se relaciona con una presunta relación amorosa con una menor de edad en 2016, cuando él era presidente. La fiscal de Tarija, Sandra Gutiérrez, confirmó la existencia de una orden de aprehensión en su contra y señaló que la investigación fue reactivada a pesar de que ni la supuesta víctima ni su familia habían presentado una denuncia formal.
“Denuncio al mundo que soy víctima de una brutal guerra jurídica ejecutada por el Gobierno de Luis Arce que se comprometió a entregarme como trofeo de guerra a EEUU”, escribió Morales en sus redes sociales. Además, argumentó que su único «delito» ha sido ser el primer presidente indígena del país y haber logrado una Bolivia inclusiva.
Respuesta del gobierno
El gobierno boliviano ha tomado medidas drásticas en este caso, incluyendo la activación de una alerta migratoria para evitar que Morales salga del país. La fiscal Gutiérrez también mencionó que se solicitó prisión preventiva para el exmandatario debido a su falta de comparecencia ante la justicia.
Morales, quien actualmente se encuentra resguardado en el trópico de Cochabamba, ha afirmado que no se entregará a las autoridades y ha denunciado que las acusaciones son parte de un intento político para inhabilitarlo y debilitar su influencia en el Movimiento al Socialismo (MAS).
Implicaciones políticas
Las acusaciones contra Morales han reavivado tensiones políticas en Bolivia, donde su relación con el actual presidente Arce ha sido conflictiva. Morales ha advertido que estas acciones son represalias por haber desafiado al gobierno y haber exigido cambios en su gabinete.
Sus abogados han calificado el proceso como «armado» y «viciado», argumentando que busca deslegitimar su figura política antes de las elecciones generales programadas para 2025. “Se trata de un proceso político que es parte de esta guerra judicial iniciada en contra del hermano Evo Morales”, afirmó uno de sus defensores.
