Exagente de la CIA recibe 30 años de prisión por agresiones sexuales a 28 mujeres

Brian Jeffrey Raymond, un exagente de la CIA, fue sentenciado a 30 años de prisión federal por agredir sexualmente a 28 mujeres durante sus misiones en el extranjero. La jueza federal Colleen Kollar-Kotelly describió sus actos como «atroces» y lo calificó como un «depredador sexual».

Raymond, de 48 años, escuchó su sentencia vestido con un uniforme de prisión naranja y con una expresión abatida. Sus crímenes, que se remontan a 2006, incluyen drogar y fotografiar a sus víctimas en un patrón sistemático, donde atraía a mujeres a su apartamento con la promesa de una noche de diversión, solo para convertir esa invitación en una pesadilla.

La fiscalía reveló que Raymond utilizaba aplicaciones de citas como Tinder para conocer a sus víctimas. Les ofrecía vino y bocadillos antes de drogarlas y agredirlas sexualmente. «Se puede decir sin lugar a dudas que es un depredador sexual», afirmó la jueza Kollar-Kotelly al imponer la sentencia máxima solicitada por la fiscalía.

Durante la emotiva audiencia, varias de las víctimas, que fueron identificadas por números en lugar de sus nombres, compartieron sus experiencias traumáticas. Una de ellas declaró: “Mi cuerpo parece un cadáver sobre su cama. Ahora tengo estas pesadillas en las que me veo a mí misma muerta”. Otra víctima, con lágrimas en los ojos, habló sobre cómo su confianza en los demás se había destruido por completo.

Raymond se declaró culpable de cuatro de los 25 cargos en su contra, que incluyen abuso sexual y coerción. A lo largo de su declaración, admitió haber traicionado todo lo que representaba: “No tengo palabras para describir lo mucho que lo lamento. No soy así y, sin embargo, me convertí en esto”.

Además de su larga condena, la jueza le ordenó pagar 10 mil dólares a cada una de sus 28 víctimas, una compensación que muchos consideran insuficiente para el daño causado. Esta sentencia representa no solo un intento de justicia para las víctimas, sino también un llamado a la rendición de cuentas dentro de instituciones que se supone deben proteger al público.