Georgia Aprueba Ley que Restringe Derechos LGBTQ+: ¿Un Giro Hacia la Represión?
El Parlamento de Georgia aprobó este martes una controvertida ley que restringe los derechos de la comunidad LGBTQ+, marcando un giro significativo en la política del país del Cáucaso. Esta nueva normativa, impulsada por el partido oficialista Sueño Georgiano, se asemeja a las leyes represivas en Rusia, especialmente en lo que respecta a la comunidad LGBTQ+.
La ley prohibirá los matrimonios entre personas del mismo sexo, la adopción por parejas homosexuales y las manifestaciones públicas de apoyo hacia relaciones LGBTQ+. Además, impedirá la mención de la comunidad LGBTQ+ en los medios de comunicación y restringirá el acceso a atención médica de afirmación de género, así como el cambio de designaciones de género en documentos oficiales.
En Georgia, la influencia de la Iglesia ortodoxa es significativa, y las protestas contra la comunidad LGBTQ+ son comunes. El año pasado, opositores a los derechos LGBTQ+ interrumpieron un festival en la capital, Tiflis, forzando su cancelación. Este año, decenas de miles de personas marcharon en la ciudad para promover los “valores familiares tradicionales”.
Los “valores familiares tradicionales” también son un pilar en la retórica del Kremlin. En Rusia, las autoridades han impuesto severas restricciones a la visibilidad y el activismo de la comunidad LGBTQ+, catalogándolos como movimientos extremistas y prohibiendo todo apoyo público.
La nueva legislación georgiana sigue a otra medida controversial, la ley contra la “influencia extranjera”, que exige que los medios y ONGs que reciban más del 20% de sus fondos del extranjero se registren como organizaciones que persiguen los intereses de una potencia extranjera. Esta ley ha suscitado críticas tanto a nivel nacional como internacional, afectando las perspectivas de Georgia de ingresar a la Unión Europea. La UE congeló su apoyo financiero y Estados Unidos impuso sanciones a funcionarios georgianos en respuesta.
El proyecto de ley anti-LGBTQ+ fue aprobado en su tercera lectura con el apoyo de 84 de los 150 legisladores. Ahora, queda a la espera de la firma de la presidenta Salome Zourabichvili para entrar en vigor.
