En un giro legal significativo, el gobierno de Baja California sopesa la posibilidad de solicitar el desafuero penal del senador de Morena, Jaime Bonilla, debido a las irregularidades descubiertas en el contrato de construcción de una planta fotovoltaica en Mexicali.
Juan José Pons Mendez, consejero jurídico del estado, afirmó que la solicitud de desafuero es procedente y se encuentra en análisis con la Fiscalía General del Estado (FGE).
«Esta es una ruta que estamos analizando con la Fiscalía General del Estado. Sí es procedente la solicitud de desafuero para ser juzgado penalmente por los delitos relacionados con la planta fotovoltaica», explicó Pons Mendez.
La FGE, tras evaluar la existencia de pruebas suficientes, sería la encargada de solicitar el desafuero a la Cámara de Diputados, un proceso que requeriría la aprobación unánime del pleno.
Este desarrollo se suma a las tensiones entre el gobierno estatal y la empresa Next Energy, adjudicataria del contrato de la planta. El contrato, firmado durante la administración de Bonilla, fue cancelado en 2022 debido a la falta de permisos de la Secretaría de Energía (Sener).
En el contrato plurianual, se comprometió una entrega mensual de 123 millones de pesos a Next Energy. Sin embargo, la empresa se niega a devolver el dinero, generando una disputa legal con el gobierno estatal.
Pons Mendez subrayó que, en los últimos dos años, se ha trabajado en la recopilación de datos y pruebas relevantes para respaldar la solicitud de desafuero. Aseguró que este tiempo no ha sido en vano y que existe fundamentación para llevar a Bonilla ante la justicia.
