El gobierno federal no puede presentar las pruebas de laboratorio requeridas para verificar la calidad del balasto utilizado en el Tren Maya. Este material, fundamental para la seguridad de la obra, debería haber pasado por rigurosas evaluaciones antes de ser empleado en la construcción.
La situación salió a la luz gracias a un reportaje de Latinus, que solicitó información a diversas entidades como Tren Maya SA de CV, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y Fonatur. Sin embargo, las respuestas fueron claras: no existen copias de los exámenes de calidad que debieron aplicarse al balasto. Las entidades argumentaron que no encontraron la información requerida.
Desde el inicio de la construcción, estas agencias habían establecido que el balasto debía someterse a pruebas físicas y químicas, además de requerir la contratación de supervisión externa para asegurar la calidad del material. A pesar de esto, las declaraciones del reportaje indican que el proceso no se llevó a cabo de manera adecuada.
El reportaje revela que Amílcar Olán, amigo cercano de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue implicado en un soborno a un laboratorio. Según las conversaciones obtenidas, Olán confesó haber pagado para que el balasto que vendió pasara todos los exámenes de calidad. “Cada 3 mil metros cúbicos va su ‘mochadita’, su ‘mochadita’ para que den el ‘palomazo’ que todo está bien”, menciona Olán en una grabación.
Además, las pláticas entre Olán y Pedro Salazar Beltrán, otro operador de lo que se ha denominado «El Clan», revelan que, en total, se entregaron 80 mil pesos a un laboratorio para que permitieran el paso sin análisis de 80 mil metros cúbicos de balasto. “Ya cuando se descarrile el tren, ya va a ser otro pedo”, se jacta Olán, sugiriendo una despreocupación alarmante por la seguridad del proyecto.
La falta de documentación y las graves acusaciones ponen en duda la transparencia y la seguridad del Tren Maya, una obra emblemática del actual gobierno. La preocupación se centra no solo en el manejo del balasto, sino en la posible implicación de figuras cercanas a la administración federal en actos de corrupción que podrían comprometer la integridad del sistema ferroviario.
