IMCP critica la prisión preventiva oficiosa por defraudación fiscal: Un retroceso para la justicia
El regreso a la prisión preventiva oficiosa para aquellos que presenten adeudos fiscales bajo sospecha de defraudación ha generado un intenso debate en el sector empresarial y fiscal en México.
Héctor Amaya, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), expresó su preocupación y calificó la medida como un retroceso en lugar de una evolución.
Según Amaya, aunque en los últimos años se han realizado reformas que han debilitado significativamente a las empresas «factureras», que operaban con facturas falsas para defraudar al fisco, esta nueva iniciativa parece ignorar esos avances.
«La prisión preventiva oficiosa para cualquier adeudo fiscal sospechoso de defraudación es un paso hacia atrás en el sistema de justicia fiscal de México», afirmó Amaya.
Además, enfatizó la necesidad de que el gobierno tome en cuenta la opinión del sector privado, especialmente considerando que algunos amparos han logrado revertir la aplicación de la prisión preventiva en casos de adeudos fiscales.
Obligación de Emitir Facturas: Un Desafío Persistente
En un contexto diferente, pero igualmente relevante, Amaya destacó los problemas que enfrentan las personas físicas al obtener una factura en el momento de realizar una compra.
A pesar de que México es considerado un modelo a seguir en el mundo en cuanto a la implementación de facturas electrónicas, muchos comercios y negocios aún no cumplen con la obligación de entregarlas de manera impresa y por medios electrónicos en el momento de la compra.
«Es necesario que la autoridad sepa y cumpla con su trabajo», subrayó Amaya, refiriéndose a la responsabilidad de los comercios de emitir las facturas de manera oportuna.
Rolando Silva, otro experto en la materia, añadió que el cumplimiento fiscal es una cadena que podría fortalecerse si se introdujeran incentivos económicos, como deducciones fiscales para aquellos que perciben sueldos y salarios. Esto, según Silva, fomentaría una mayor cultura de cumplimiento entre los contribuyentes.
Preocupación por el Impacto en Pequeños Contribuyentes
La controversia en torno a la prisión preventiva oficiosa se intensificó el pasado 13 de agosto, cuando la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó reformas a la Constitución que incluyen nuevas figuras delictivas en las que un juez podrá ordenar prisión preventiva oficiosa.
Entre los delitos mencionados se encuentran la defraudación fiscal, el contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales.
Carlos Romero Aranda, exprocurador fiscal, advirtió en entrevista para El Financiero que esta medida, tal como se está planteando en el proyecto de ley, podría convertirse en un arma peligrosa contra los pequeños contribuyentes.
Según Aranda, es esencial que existan contrapesos para evitar abusos que podrían afectar gravemente a aquellos con menor capacidad de defensa legal.
