El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, junto con 18 de sus familiares y socios, está bajo investigación por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y evasión fiscal.
Las indagaciones apuntan a una vasta red de operaciones financieras sospechosas que involucran a varias empresas y a personas cercanas al exmandatario, quien gobernó el país entre 2012 y 2018.
Empresas en el ojo del huracán
La investigación de la FGR se centra en cuatro empresas: Plasti-Esteril, SA de CV; Desarrolladora Homex, SAB de CV; Impulsora Agrícola La Laguna, SPR de RL; y Expectras, SA de CV.
Estas compañías, en las que Peña Nieto y sus familiares tienen participación, recibieron miles de millones de pesos en contratos gubernamentales durante su administración. Se sospecha que a través de estas empresas se realizaron transferencias ilícitas de dinero público a cuentas personales de los involucrados.
Familiares y socios bajo investigación
Entre los 19 investigados se encuentran personas muy cercanas al expresidente, incluyendo su madre, María del Perpetuo Socorro Nieto Sánchez; sus hermanos Arturo, Ana Cecilia y Verónica Peña Nieto; su exesposa, Angélica Rivera Hurtado; y Maritza Díaz Hernández, madre de uno de los hijos de Peña Nieto.
También figuran en la lista varios socios de negocios y otros familiares, quienes supuestamente recibieron fondos ilícitos a través de las empresas mencionadas.
Detalles de las irregularidades
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha documentado varias operaciones sospechosas, incluyendo transferencias millonarias al extranjero y depósitos en efectivo de origen desconocido.
En particular, Plasti-Esteril, una empresa familiar fundada en 1991, fue vendida a Baxter International, Inc., en 1997. Durante el mandato de Peña Nieto, esta transnacional recibió contratos gubernamentales por más de 10,500 millones de pesos, principalmente de instituciones de salud.
Denuncias y respuestas
El titular de la UIF, Pablo Gómez, denunció estas irregularidades en julio de 2022, señalando que se presentaron denuncias penales ante la FGR por los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y evasión fiscal contra Peña Nieto y sus allegados.
En respuesta, Peña Nieto ha negado las acusaciones, afirmando que no se le ha permitido defenderse adecuadamente. Desde su residencia en España, el expresidente ha asegurado que sus bienes son lícitos y que sus abogados han presentado pruebas en su defensa.
El futuro legal de Enrique Peña Nieto
La FGR ha abierto tres carpetas de investigación contra Peña Nieto. La primera se relaciona con delitos electorales y patrimoniales asociados a la empresa OHL. La segunda investiga operaciones con recursos de procedencia ilícita, y la tercera aborda el enriquecimiento ilícito.
La Fiscalía ha indicado que estas investigaciones están en curso y que se proporcionará información pública conforme avance el proceso.
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha reiterado que no intervendrá en las investigaciones y que la Fiscalía es autónoma en su actuación.
El caso de Peña Nieto representa un desafío significativo para la justicia mexicana y podría marcar un precedente en la lucha contra la corrupción en el país.
Repercusiones
El caso ha generado un gran revuelo mediático y político. Las investigaciones sobre las operaciones financieras desde 2013 hasta la fecha han revelado transferencias millonarias a paraísos fiscales en Irlanda, España y Estados Unidos, así como depósitos en efectivo por más de 30 millones de pesos cuyo origen es desconocido.
Sin embargo, las acusaciones y la falta de una defensa legal efectiva complican su situación.
Con información de contralinea.com.mx
