Redacción MX Político.- La directora del jardín de niños José Rosas Moreno ubicado en la colonia Providencia del municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo fue destituida y sujeta a investigación penal y administrativa tras ser acusada de encubrimiento de un posible caso de abuso sexual.
El lunes por la mañana, madres y padres de familia denunciaron un presunto caso de abuso sexual infantil al interior del plantel educativo, por lo que exigieron la destitución de autoridades que acusan de proteger al posible agresor, para quien también demandaron que se gire y cumplimente una orden de aprehensión.
“Exigimos justicia, sólo justicia”, pidieron los familiares de la víctima al encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH), Santiago Nieto Castillo, quien acudió al centro escolar durante la manifestación en la que la consigna principal fue “los niños no se tocan”.
Ahí, le informaron que la decisión de bloquear el acceso al jardín de niños derivó por la falta de atención de los directivos del plantel y la Secretaría de Educación Pública de la entidad (SEPH), además de que, precisaron, el pasado martes acudieron al ministerio público a presentar una denuncia, pero no fueron atendidos como esperaban, sino que hubo revictimización y se puso en duda su acusación.
“Somos víctimas del dolor y nos tratan peor que a delincuentes”, señalaron a Nieto Castillo, quien, tras escuchar los testimonios, comprometió presionar para que se agilice la recolección de pruebas y se tengan los resultados de los exámenes psicológicos y médicos aplicados.
Además, refirió que al infante se practicaría el protocolo de la herramienta Antenas, un instrumento que ayudaría a obtener información sobre los hechos y el presunto agresor, debido a que en este momento el menor no ha pormenorizado sobre lo que sucedió, lo cual atribuyen sus familiares a la tristeza y temor generados tras un suceso traumático.
Con estos elementos, más los que se agreguen a la carpeta que se integra por el delito de abuso sexual, estarían en posibilidad de solicitar que se libere o liberen las órdenes de aprehensión correspondientes, aseguró el procurador interino. Asimismo, precisó que este ilícito amerita prisión preventiva oficiosa.
De igual forma, los padres y madres exigieron revisar las videocámaras al interior de la escuela que, mencionaron, deben estar vinculadas al Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSPH), y cuyo contenido, agregaron, no ha sido puesto a disposición de la autoridad, por lo que también temieron que se eliminara evidencia.
“El niño no quiere hablar, no habla, pero con las pruebas y todo (se puede saber lo que sucedió)”, le expusieron al funcionario, a quien pidieron que el personal a cargo de la investigación sea especializado, además de sensible con la situación.
“A cierta edad, niños pequeños, en edades de prescolar, cognitivamente no tienen esa soltura y esa confianza para poder explicar lo que sucedió, pero la herramienta Antenas fue espacialmente diseñada para este tipo de circunstancias”, explicaron trabajadores de la PGJEH que acompañaron a Nieto Castillo durante el diálogo que se estableció en la vía pública con las decenas de manifestantes.
El objetivo de recabar esta información, precisaron, es conocer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el que habría sucedido la agresión, la cual, indicaron, será determinante en el caso.
Los tutores de los infantes reclamaron que los sucesos ocurrieron desde el pasado martes y, aunque afirman que las autoridades estaban enteradas, no actuaron ni notificaron a la comunidad escolar, por lo que los menores continuaron con clases normales, hasta que internamente se difundieron los hechos por parte de la mesa de padres de familia, por la falta de apoyo oficial.
“¿La persona que hizo esto va a seguir trabajando muy normal? ¿qué va a pasar aquí, procurador?”, cuestionaron a Nieto Castillo, a quien pidieron intervenir para que la directora y personal del plantel con conocimiento de lo acontecido se presentaran; sin embargo, se mantuvieron al interior del inmueble hasta el retiro de los funcionarios, lo cual incremento la inconformidad entre los manifestantes.
El encargado de esta oficina comprometió a los familiares del menor de cinco años que, de haber responsabilidad, por acción u omisión –ya que la acusan de encubrimiento–, de igual forma se fincarían cargos contra ella u otros posibles implicados.
“Pedimos que se dé con el culpable. Nosotros nos pudimos haber quedado callados, pero ¿a dónde más van a mandar a esa persona? ¿Nada más es inhabilitarlo unos días y luego otra vez? No se puede, porque hay más niños en mucho riesgo”, reclamaron los agraviados.
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