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Jueces federales advierten: la reforma judicial aún tiene múltiples caminos de impugnación

Jueces y magistrados federales señalaron que la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) no representa el fin de la batalla legal.

Afirmaron que existen cientos de recursos legales en curso a nivel nacional e internacional para impugnar la reforma, así como otras vías para evaluar su constitucionalidad.

Durante la conferencia organizada por el colectivo de juzgadores, el magistrado Juan José Olvera explicó que, aunque la Corte no invalidó la reforma en su totalidad, en el debate los ministros dejaron claro que las reformas a la Constitución pueden ser objeto de revisión judicial.

Siete votos dijeron que sí pueden ser materia de examen jurisdiccional las reformas que se hagan a la propia Constitución”, explicó Olvera, destacando que esta postura abre la puerta a futuros juicios de amparo.

Además, Olvera subrayó que, aunque la reforma contiene elementos de carácter electoral, no toda está exenta de revisión.

Según los juzgadores, esto permite interponer recursos de amparo, sobre todo en lo que respecta a la posible destitución de jueces, lo cual consideran que afecta la independencia judicial.

Por otro lado, los magistrados señalaron que están explorando vías internacionales. La magistrada Lucía García González anunció que el 12 de noviembre organizaciones de juzgadores acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, para presentar sus argumentos y preocupaciones.

Esta medida busca, en última instancia, llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) si es necesario. “Sabemos que las vías internacionales pueden tardar años, pero tenemos la mejor disposición de agotar todas las instancias, tanto internas como externas”, afirmó García González.

Los juzgadores recordaron a la clase política que la reforma al PJF sigue bajo análisis en diversas instancias, lo que podría llevar a reconsiderar su constitucionalidad y efectos en la independencia del Poder Judicial de México.

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