Expertos en derecho alertaron que las modificaciones que Morena realizará a su iniciativa de reforma sobre supremacía constitucional no buscan mejorarla, sino corregir un error que evidenciaba su verdadero propósito: garantizar la aplicación de leyes, incluso si estas violan derechos humanos.
«No se dejen engañar», escribió el abogado Miguel Alfonso Meza en X (antes Twitter). Meza explicó que la bancada de Morena ajusta la propuesta presentada por Adán Augusto López porque el diseño inicial resultaba contrario a sus intenciones. Según el jurista, Morena intenta que “se apliquen siempre las leyes, sin importar que violen gravemente los derechos humanos”.
Eliminación del control de convencionalidad
El artículo 1 constitucional actualmente permite que las autoridades no apliquen leyes, reglamentos o incluso disposiciones de la propia Constitución si se comprueba que violan derechos humanos. Sin embargo, la reforma presentada pretende eliminar este principio para garantizar la obligatoriedad de las leyes, aunque resulten perjudiciales.
El abogado constitucionalista Francisco Burgoa advirtió que los cambios propuestos por Morena no son simplemente técnicos. A su juicio, la eliminación del control de convencionalidad «limitaría los mecanismos de defensa constitucional y los compromisos adquiridos por México en el sistema interamericano de derechos humanos».
Llamado a frenar toda la reforma
Burgoa enfatizó que no basta con retirar las modificaciones más polémicas; toda la iniciativa debe ser detenida. De no hacerlo, México podría retroceder significativamente en la protección de los derechos fundamentales y en el equilibrio de poderes, añadió.
“Esta reforma no sólo afectaría la capacidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para revisar controversias constitucionales, sino también comprometería la estabilidad del sistema de defensa de derechos humanos”, señaló Burgoa.
Reforma busca blindar nuevas leyes
El martes, Morena presentó una propuesta para impedir que la SCJN anule reformas a la Constitución mediante acciones de inconstitucionalidad. Con esta medida, buscan evitar que el máximo tribunal eche abajo no sólo la reforma judicial, sino cualquier otra ley que sea considerada inconstitucional.
