López Obrador cierra su sexenio con 81 periodistas asesinados
El sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) concluye con una cifra alarmante: 81 periodistas asesinados en México desde el inicio de su gobierno el 1 de diciembre de 2018 hasta el 30 de septiembre de 2024. Este número convierte a la administración de AMLO en la que más homicidios de comunicadores ha registrado en la historia del país.
Según un monitoreo realizado por La Otra Opinión y la revista Etecétera, los años más críticos fueron 2019 y 2022, con 19 y 18 periodistas asesinados, respectivamente. Tan solo en el primer mes de gobierno de López Obrador, dos periodistas perdieron la vida. A pesar de los esfuerzos declarados por el gobierno para garantizar la seguridad de los profesionales de la información, las cifras revelan una realidad preocupante.
En comparación con administraciones anteriores, México se ha mantenido como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, según el informe anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF). Por cuarto año consecutivo, México ocupó el primer lugar en el ranking mundial de mortalidad de periodistas, lo que refleja un entorno violento para quienes ejercen esta profesión.
Entre los casos más recientes se encuentra el asesinato de Alejandro Martínez Noguez, ocurrido en agosto de 2024, en Guanajuato, y el de Enrique Hernández Avilez, cuyo cuerpo fue hallado en una fosa clandestina en Guerrero el 4 de septiembre de este año. Estos hechos han generado indignación y cuestionamientos sobre la falta de protección efectiva para los periodistas.
El gobierno de AMLO, sin embargo, ha manejado cifras diferentes. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, afirmó en junio de este año que solo tenían registrados 20 periodistas asesinados durante el sexenio. Esta discrepancia en los datos ha generado debates sobre la transparencia y el manejo de la información oficial.
Mientras López Obrador se prepara para dejar la presidencia, queda en el aire la urgencia de resolver la crisis de violencia que afecta a los comunicadores en el país, así como la necesidad de reforzar los mecanismos de protección y justicia para quienes, en su labor informativa, enfrentan constantes riesgos.
