El magistrado Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), ha lanzado críticas contundentes hacia la reforma judicial impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, planteando dudas sobre sus verdaderos objetivos y sus potenciales efectos sobre la autonomía judicial.
Durante su intervención en el Segundo Congreso Internacional sobre la Administración de los Tribunales de Justicia, celebrado en la Escuela Judicial mexiquense, Sodi expresó su preocupación acerca de si la iniciativa está diseñada para fortalecer los derechos humanos o para someter a los jueces a un control jurisdiccional abusivo y arbitrario.
«Como se plantea (la reforma) va a incidir en los aspectos operativos y también en las reformas judiciales a los Tribunales», afirmó Sodi, subrayando la necesidad de abordar los problemas estructurales en el ejercicio del derecho y la administración de justicia en lugar de imponer un modelo centralizado.
El magistrado hizo énfasis en cinco puntos fundamentales acordados por los presidentes de los Tribunales estatales, entre ellos la autonomía presupuestal y la libertad para decidir la ruta de trabajo en cada entidad federativa. Destacó la importancia de la autonomía y suficiencia presupuestal de los poderes judiciales locales, proponiendo la creación de un Fondo Nacional para la Justicia local que garantice recursos adecuados para la capacitación y otras necesidades judiciales.
Además, enfatizó la Carrera Judicial como piedra angular para el acceso a los puestos de jueces y magistrados con criterios de legitimidad y transparencia. Insistió en que la reforma debe permitir que cada entidad federativa organice su propio Poder Judicial, sin imponer un modelo único y centralista.
Sodi concluyó su intervención llamando a abrir un debate amplio y constructivo sobre la reforma judicial, asegurando que esta debe abordar los problemas estructurales presentes en el ejercicio del derecho y la práctica profesional, y no limitarse a cambios operativos que podrían comprometer la autonomía judicial.
