Magistrados y juristas alertaron sobre las implicaciones del desacato de la presidenta Claudia Sheinbaum a una orden judicial que la obligaba a retirar del Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma judicial.
Advirtieron que esta acción abre la puerta para que cualquier autoridad ignore suspensiones de amparo que no le favorezcan, afectando la confianza ciudadana y empresarial en el Estado de derecho.
Carlos Soto, magistrado de circuito, afirmó en X que las declaraciones de Sheinbaum durante su conferencia matutina del viernes, donde se negó a eliminar el decreto y anunció una denuncia contra la jueza responsable, envían un mensaje claro: “Este gobierno no acatará las resoluciones que no le gusten”. Soto advirtió que esta postura pone en riesgo la seguridad jurídica: “Ya saben los inversionistas lo que les espera” si una suspensión judicial no beneficia a la autoridad.
Preocupación por el control del Poder Judicial
El abogado fiscalista Jorge Esquerra expresó que, de continuar con este camino, el gobierno podría designar a militares como funcionarios del Poder Judicial. En esa línea, Soto calificó esta posibilidad como “el sueño del régimen”, permitiendo al Ejército manejar amparos para resolver en favor del Ejecutivo.
Desde sus conferencias matutinas, Sheinbaum ha defendido su postura argumentando que “los jueces pretenden erigirse por encima de la soberanía del pueblo y del poder reformador del Congreso”. También sostuvo que la Ley de Amparo no aplica para detener reformas constitucionales, lo que justificó su negativa a eliminar el decreto.
Riesgos para los ciudadanos y el Estado de derecho
Osiris Cedeño Muñoz, magistrado federal, advirtió que la actual administración parece estar destruyendo al Poder Judicial como un paso previo para vulnerar a los ciudadanos. “Una vez que estés indefenso, irá por ti”, señaló.
Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, también alertó que el desacato de Sheinbaum socava el Estado de derecho. “En una democracia constitucional, la ley debe ser igual para todos, o corremos el riesgo de que el incumplimiento se vuelva norma, no excepción”, declaró. Además, consideró que la legalidad selectiva podría provocar una crisis institucional, especialmente entre las autoridades afines a Morena.
Los especialistas coincidieron en que la actitud del Ejecutivo no solo afecta la independencia judicial, sino que mina la confianza en el sistema jurídico, tanto para ciudadanos como para inversionistas. “El respeto a la ley debe ser innegociable para evitar un Estado de incertidumbre”, concluyeron.
