México, principal destino del tráfico ilegal de armas provenientes de EE. UU.
Un reciente estudio de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) del gobierno de Estados Unidos revela que México se ha convertido en el mayor mercado para las armas traficadas de manera ilegal, recibiendo hasta el 72% del total de estas armas que salen de territorio estadounidense. El informe, titulado «Evaluación nacional del comercio y el tráfico de armas de fuego», es el análisis más exhaustivo sobre el tema en más de dos décadas y se basa en 10 mil investigaciones realizadas por la ATF en un periodo de cinco años.
El estudio destaca que el flujo de pistolas, fusiles y otros armamentos fabricados o vendidos en Estados Unidos ha aumentado en México más que en cualquier otra nación. Entre 2017 y 2021, el porcentaje de casos de trasiego que involucraron a México creció un notable 20.3%, un aumento más de tres veces mayor que el registrado en Canadá, que ocupa el segundo lugar en la lista de países receptores de armas traficadas.
De acuerdo con el análisis, el 71.7% de las armas investigadas llegaron a México, una cifra 11 veces mayor que el 6.5% que recibió Canadá. Los otros países en la lista incluyen a Bahamas, con 4.3%; Haití, con 2.5%; y Brasil, con 1.7%.
El informe también identifica las principales rutas de tráfico, donde México está presente en tres de las cinco más importantes. La principal vía de trasiego es la que va de Texas a México, concentrando el 39.5% de los casos. Le siguen Arizona a México, con un 24.7%, y otras rutas como Florida a Bahamas y a Haití.
Aunque existen controles y prohibiciones en la compra de armas en países como México, el estudio señala que los delincuentes pueden recurrir a naciones con leyes más laxas para adquirir armamento en grandes cantidades. Esto hace que, a pesar de los esfuerzos por regular el tráfico de armas, la situación continúe siendo crítica y compleja.
La ATF concluye que el crecimiento del mercado de armas ilegales en México requiere una atención urgente, no solo por las implicaciones para la seguridad pública, sino también por el impacto en la violencia que afecta a diversas comunidades en el país.
Con información de La Jornada
