Milei amenaza con nombrar Jueces de la Corte Suprema por Decreto
El gobierno de Javier Milei ha desatado una nueva ola de controversia al advertir que podría nombrar por decreto a dos nuevos jueces de la Corte Suprema de Justicia.
Esta decisión, que choca directamente con el Senado, ha generado un intenso debate en el país, especialmente a pocos días de la reunión del Mercado Común del Sur (Mercosur) en Uruguay, donde Argentina asumirá la presidencia pro tempore el próximo 6 de diciembre.
La situación se complica aún más en un contexto donde Milei enfrenta su periodo más difícil desde que asumió el cargo hace casi un año. La Cámara de Diputados fue escenario de un tumultuoso debate, marcado por gritos y acusaciones, que recordó a los momentos más críticos de la historia política argentina, como la rebelión popular del 19-20 de diciembre de 2001.El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ha declarado que el gobierno está considerando todas las «alternativas» para nombrar a los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. Esta posibilidad evoca el controvertido precedente del expresidente Mauricio Macri, quien intentó nombrar jueces por decreto en 2015.
“No descarto que el Presidente pueda designar a los ministros de la Corte por decreto en caso de estar cerca de la acefalía”, afirmó Francos.La propuesta de Milei ha sido criticada por diversos sectores políticos y sociales.
La oposición, encabezada por la Unión por la Patria (UP), ha denunciado que este tipo de nombramientos violan la Constitución y aumentan la «ajuricidad» en el país. Alejandro Slokar, juez de la Cámara Federal de Casación Penal, advirtió que este enfoque podría derivar en una crisis institucional al vulnerar los derechos humanos y el derecho a una justicia imparcial.Además, las tensiones no solo se limitan al ámbito judicial.
Las movilizaciones sociales están en aumento, con dos grandes centrales sindicales organizando protestas para el 5 de diciembre bajo la consigna «La Patria no se vende». Los trabajadores han expresado su descontento ante las políticas económicas del gobierno, que han llevado a una «pérdida brutal» del poder adquisitivo desde diciembre de 2023.
