Miles protestan en Valencia por la gestión de inundaciones; Carlos Mazón en el punto de mira
Miles de personas se manifestaron este sábado en Valencia, España, para exigir la dimisión del presidente del gobierno regional, Carlos Mazón, tras su gestión durante las devastadoras inundaciones que han dejado más de 220 muertos.
La protesta, que reunió a cerca de 130,000 asistentes, se convirtió en un grito colectivo contra lo que muchos consideran una respuesta inadecuada ante una de las peores catástrofes naturales de Europa en décadas.
Los manifestantes llenaron el centro de Valencia con lemas como “¡Asesinos!” y “Mazón, dimisión”. Una pancarta destacaba: “Nuestras manos están manchadas de barro, las vuestras de sangre”, mientras algunos arrojaban botas llenas de barro frente al edificio del consejo como símbolo de su indignación.
La presidenta de Acció Cultural del País Valencià, Anna Oliver, enfatizó: “Queremos mostrar nuestra indignación y rabia por la mala gestión de este desastre que ha afectado a tanta gente”.
Acusan a Carlos Mazón de actuar tarde
Los residentes afectados acusan a Mazón de haber emitido una alerta demasiado tarde, a las 20:00 horas del 29 de octubre, cuando el agua ya había comenzado a inundar varias localidades.
A pesar de que la Agencia Meteorológica Española había emitido avisos desde el 25 de octubre, algunos municipios habían alertado a sus ciudadanos mucho antes.
Mazón ha defendido su actuación, alegando que no recibió la información necesaria sobre la gravedad de la situación hasta que fue demasiado tarde. Sin embargo, la falta de coordinación entre administraciones ha sido un punto crítico en las críticas hacia su gestión.
“La coordinación entre administraciones fue caótica”, comentó Toni Saura, alcalde socialista de Alaquàs.
La indignación no solo se limita a Valencia; también se ha extendido a otras ciudades españolas donde se han convocado manifestaciones similares. Los organizadores han pedido que estas protestas sean pacíficas y silenciosas en respeto a las víctimas.
Mientras tanto, el gobierno regional y central enfrentan presiones para evaluar sus responsabilidades en la gestión del desastre.
