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Ministro González Alcántara: ‘Nadie acusó a los morenistas de golpistas’ por revisar una reforma

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá respondió este jueves a las acusaciones de «golpe de Estado» lanzadas por algunas ministras en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la admisión de una consulta sobre la impugnación de la reforma al Poder Judicial. Durante la sesión, Alcántara Carrancá destacó que en 2014, cuando los ahora morenistas eran oposición, nadie los acusó de «golpistas» por promover un amparo contra la reforma energética.

La SCJN aprobó por ocho votos a favor la consulta 4/2024, que permitirá determinar si la reforma judicial puede ser impugnada. Sin embargo, las ministras Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama votaron en contra, advirtiendo sobre las implicaciones de esta decisión.

«Lo que sí me gustaría recordar es que en el amparo indirecto 70/2014, suscrito por grandes juristas de nuestro país, a quienes respeto muchísimo, como lo es Ernestina Godoy, Adán Augusto López y Ricardo Monreal. En ese momento, lo que pedían era revisar el proceso constitucional, el proceso de reforma de la Constitución; hace 10 años, nadie, en ese momento, reitero, los acusó de golpistas», afirmó Alcántara Carrancá.

El ministro subrayó que la aceptación a trámite de la consulta es un ejercicio legítimo de los derechos constitucionales de cualquier mexicano. “Estamos todos nosotros, actuando con fundamento en una ley emitida por el propio Congreso de la Unión, y con motivo de un escrito promovido por personas que forman parte del pueblo de México, y además gozan, dentro de la Constitución, de una garantía de independencia y de autonomía”, apuntó.

Este pronunciamiento se da en el marco de la resolución de la SCJN sobre la viabilidad de las impugnaciones a la reforma promovida por el partido Morena, la cual, según los jueces y magistrados que solicitaron la consulta, pone en riesgo los principios de independencia judicial y división de poderes. El alto tribunal determinó que los recursos en contra de la reforma son procedentes, reforzando así el papel de la Corte en la defensa de la autonomía judicial.

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