Durante los Diálogos Nacionales sobre la Reforma Constitucional al Poder Judicial en el Congreso, tres ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) destacaron la necesidad de una revisión minuciosa y profunda.
Durante su participación, los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan Luis González Alcántara y Alberto Pérez Dayán expresaron serias preocupaciones sobre la viabilidad y las implicaciones de la iniciativa.
El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo argumentó que la propuesta de elegir jueces mediante voto popular no es el mecanismo más adecuado para garantizar la independencia y autonomía del Poder Judicial. Pardo Rebolledo señaló que tal cambio podría desestabilizar el sistema judicial al sustituir a más de mil 600 jueces y a la totalidad de los ministros de la SCJN de un solo golpe.
“Entiendo la intención de materializar una reforma de alto impacto al Poder Judicial de la Federación, transformación que tiene como principal eje un esquema en el que juezas y jueces, magistradas y magistrados federales, ministras y ministros de la Suprema Corte, sean elegidos por voto directo de la ciudadanía”, declaró Pardo Rebolledo. “Independientemente de que, en lo personal, no comparta que ese mecanismo sea el más idóneo, para garantizar los distintos derechos que la Constitución protege, ni la independencia y autonomía de los poderes judiciales, me parece que la implementación de ese cambio trascendental, como se propone, es decir, sustituir en un solo momento a más de mil 600 personas juzgadoras federales, además de la totalidad de las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, generaría un desajuste importante en el funcionamiento e integración de los órganos impartidores de justicia federales”.
El ministro Juan Luis González Alcántara subrayó que la reforma propuesta politiza el proceso de nombramiento de jueces, magistrados y ministros, ya que los candidatos deberán pasar por un filtro político antes de ser elegidos por voto popular. “Se deja de lado la carrera judicial, se deja de lado el mérito, se deja de lado la experiencia; estamos politizando los nombramientos, la ciudadanía va a elegir en las urnas, pero los candidatos van a pasar por un filtro político”, expresó González Alcántara.
Añadió que la reforma no resuelve los problemas fundamentales del Poder Judicial y, por el contrario, podría comprometer el acceso a la justicia. Propuso que la creación de órganos administrativos y disciplinarios independientes podría fortalecer la rendición de cuentas, pero sus facultades deben ser limitadas para no afectar la independencia judicial. “Para que el Tribunal de Disciplina pueda tener una incidencia real, sin menoscabar la independencia de las personas juzgadoras, es necesario acotar sus facultades, pero robustecer el aparato disciplinario de la escuela de formación judicial”, subrayó.
Alberto Pérez Dayán, por su parte, destacó la importancia de realizar un estudio profundo y detallado de cualquier reforma constitucional debido a su trascendencia. “Toda reforma constitucional, por su trascendencia, impone un estudio profundo, la mayor serenidad en su planteamiento, esfuerzo y talento de sus promotores. Debe siempre dar el tiempo necesario, la prisa no es un buen consejero”, comentó Pérez Dayán. Recordó que reformas precipitadas en el pasado, como la nacionalización de la banca en 1982 y el posterior Fobaproa, resultaron en consecuencias dolorosas y costosas para la sociedad.
