La Cámara de Diputados se prepara para aprobar una reforma que endurecería las condiciones de la prisión preventiva oficiosa en México, incrementando el número de delitos que obligan a prisión sin derecho a libertad provisional.
La iniciativa, impulsada por Morena, incluye delitos fiscales y relacionados con drogas sintéticas como el fentanilo, además de otros como extorsión y contrabando.
Este cambio, propuesto originalmente por el expresidente López Obrador y ahora apoyado por la presidenta Claudia Sheinbaum, modifica el artículo 19 de la Constitución, limitando la capacidad de los jueces para evaluar cada caso de forma individual. Esto significa que, ante los delitos incluidos en la lista, los jueces estarían obligados a dictar prisión preventiva, eliminando otras medidas cautelares.
Delitos incluidos en la reforma
Entre los delitos añadidos al catálogo de prisión preventiva oficiosa están:
- Extorsión
- Narcomenudeo
- Delitos relacionados con fentanilo y otras drogas sintéticas
- Defraudación fiscal y contrabando
- Uso de comprobantes fiscales falsos
De acuerdo con el dictamen, la justificación para incluir delitos fiscales como la defraudación y el contrabando es evitar el impacto financiero negativo en el país. Datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) indican que, en ejercicios fiscales previos, el uso de facturas falsas representó pérdidas de más de 338,000 millones de pesos. Solo en el último año, se identificaron más de 10,000 casos de presunta defraudación fiscal.
Reacciones y críticas de derechos humanos
La iniciativa ha suscitado críticas, especialmente de organismos internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó a México en 2023 eliminar la prisión preventiva oficiosa y el arraigo, argumentando que afectan la presunción de inocencia y pueden llevar a encarcelamientos prolongados sin condena. Según la CIDH, más del 40% de la población penitenciaria en México está en prisión preventiva, con procesos que pueden extenderse entre 141 y 248 días, aunque algunos internos pasan años sin sentencia.
La CIDH destacó también que la reforma de 2019, promovida por López Obrador, ya amplió los delitos sujetos a prisión preventiva, como el huachicoleo y delitos electorales, contribuyendo a un “sobreuso de la prisión preventiva” que afecta la eficacia en la investigación de delitos en el país.
La votación en la Cámara de Diputados sobre esta controvertida reforma se espera en los próximos días, y de ser aprobada, marcará un nuevo giro en el sistema de justicia penal en México.
