En un evento reciente en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Norma Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), subrayó que uno de los objetivos fundamentales del Poder Judicial es proteger los derechos humanos y actuar como un contrapeso frente al poder. Esto surge en el contexto de la reforma judicial que ha sido impulsada por el partido Morena y sus aliados.
Piña advirtió: “Hay evidencia que proporciona la historia y el presente en muchas latitudes de que los derechos humanos están en riesgo cuando el poder no puede ser contenido, frenado ni controlado”. Además, la ministra mencionó que la democracia constitucional enfrenta “momentos muy delicados y difíciles” en la actualidad, lo que resalta la necesidad de un análisis profundo de la reforma judicial.
La ministra hizo eco de las preocupaciones de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación, quienes afirman que esta reforma podría socavar la confianza en el sistema de justicia, politizar su aplicación, eliminar la carrera judicial y erosionar la certeza jurídica. En este sentido, Piña insistió en que se deben escuchar todas las voces y considerarlas seriamente: “Cuando múltiples voces se lanzan en un coro de advertencia, es prudente poner atención”.
La declaración de Piña se produjo durante la inauguración del XVI Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, donde se conmemoró el bicentenario de la Constitución de 1824. En su discurso, recordó que dicha Constitución sentó las bases para la división de poderes en México, creando un gobierno federalista. No obstante, destacó que en 1835 se adoptó una nueva ley que cambió este sistema a uno centralista.
“Esto nos deja claro, nos permite aprender y recordar una severa lección histórica: el constitucionalismo está sujeto a fuertes golpes de timón”, afirmó.
Diego Valadés, jurista investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), también participó en el congreso y advirtió sobre el riesgo de ingobernabilidad derivado del “posconstitucionalismo”. Valadés describió este fenómeno como una concentración del poder bajo una “voz personal” que se erige como la voluntad colectiva, lo que podría conducir a un debilitamiento de las instituciones democráticas.
