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PAN, PRI y PRD anuncian acción de inconstitucionalidad contra extinción de fideicomisos del PJF

Redacción MX Político.- Los partidos políticos PAN, PRI y PRD han adelantado una acción de inconstitucionalidad en contra de la extinción de los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), argumentando que esta medida atenta contra varios principios constitucionales.

En una conferencia de prensa conjunta, los coordinadores de las bancadas de estos partidos en la Cámara de Diputados expresaron su preocupación por la extinción de los fideicomisos y resaltaron varios aspectos que consideran inconstitucionales.

Según los líderes de estas bancadas, la medida afecta la independencia del Poder Judicial y la división de poderes, ya que la decisión de extinguir los fideicomisos se tomó sin la debida consulta y dictaminación por parte de la Comisión de Justicia, que es la entidad competente en la materia.

También se argumentó que esta acción pone en riesgo la seguridad e integridad de los jueces y viola lo establecido en la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria.

Un punto crucial destacado en la conferencia fue que los fondos afectados por la reforma no son recursos etiquetados por la Cámara de Diputados, sino fondos autogenerados por el Poder Judicial y aportaciones de trabajadores. Esto afecta aproximadamente a 50 mil trabajadores del PJF, en su mayoría personal operativo, no altos mandos.

Rubén Moreira, coordinador del PRI, calificó la extinción de los fideicomisos como un «atropello» a la división de poderes y aseguró que defenderán la autonomía del Poder Judicial y los derechos adquiridos de los trabajadores.

Jorge Romero, coordinador panista, aclaró que no están defendiendo los privilegios de los ministros, sino al menos seis de los 13 fideicomisos, ya que se construyeron con aportaciones de los propios trabajadores.

Luis Espinoza Cházaro, del PRD, destacó que los fideicomisos se formaron con los ahorros de toda una vida de los trabajadores y denunció que su extinción responde a una «venganza política» contra la presidenta de la Corte, Norma Piña.

La presentación de esta acción de inconstitucionalidad promete un debate candente sobre el equilibrio de poderes y la protección de los derechos de los trabajadores en el Poder Judicial de la Federación.

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