Plantean sanciones más severas para quien realice actos de violencia en los estadios
La diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ha presentado una iniciativa legislativa que busca endurecer las sanciones contra la violencia en los estadios del país.
Esta propuesta, enviada a la Comisión de Justicia para su análisis, tiene como objetivo principal fortalecer las medidas que garanticen la seguridad e integridad de los aficionados, así como proteger las economías locales que dependen de eventos deportivos.
Según la diputada Corona Nakamura, el contexto actual exige medidas más estrictas debido a incidentes recientes, como el ocurrido el 5 de marzo de 2022 en el Estadio Corregidora de Querétaro.
Este incidente ha resaltado la urgencia de prevenir y evitar actos de violencia que puedan poner en peligro la vida de los asistentes y afectar la convivencia pacífica en estos espacios públicos.
La iniciativa propone la adición de un nuevo capítulo al Código Penal Federal dedicado exclusivamente a la violencia en estadios. Esto incluye la clasificación de eventos deportivos según su riesgo, determinado por factores como ubicación, historial y características propias del deporte. Se establecen tres categorías: de riesgo alto, medio y bajo, cada una con medidas específicas de seguridad y vigilancia.
En cuanto a las sanciones propuestas, se contempla que introducir armas u objetos peligrosos al recinto deportivo podría resultar en penas de uno a seis años de prisión y multas significativas.
Además, propiciar o participar en riñas o peleas dentro del estadio podría acarrear las mismas penas de prisión y multas de quinientas a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Para casos de lesiones a jugadores, participantes o espectadores que no pongan en peligro la vida pero causen daños físicos evidentes, las penas podrían ir de seis meses a dieciocho meses de prisión, o multas de sesenta a cien veces el valor diario de la UMA.
En situaciones donde las lesiones pongan en peligro la vida de la víctima, las penas podrían aumentar significativamente, oscilando entre seis y diez años de prisión.
La iniciativa también aborda conductas que incitan a la violencia, como asistir en estado de ebriedad, exhibir pancartas o símbolos provocativos, entonar cánticos agresivos, alterar el orden público o arrojar objetos al terreno de juego. Todas estas acciones serían penalizadas con prisión de cuatro meses a diez años, multas de cincuenta a mil veces el valor diario de la UMA, y el decomiso de los objetos involucrados.
