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Posponen debate de «supremacía constitucional» tras protestas de la oposición, acusan intento de «madruguete»

La discusión sobre la reforma a los artículos 105 y 107 de la Constitución quedó suspendida tras fuertes protestas de los partidos opositores en la Cámara de Diputados. PRI, PAN y Movimiento Ciudadano (MC) acusaron a Morena y sus aliados de intentar un «madruguete» para aprobar rápidamente las modificaciones que buscan blindar las reformas constitucionales ante impugnaciones judiciales.

El proyecto, ya aprobado en el Senado, quedó frenado el domingo en la Comisión de Puntos Constitucionales. Ante la presión de los legisladores opositores, el presidente de la comisión, Leonel Godoy (Morena), anunció que la sesión se reanudará este lunes a las 18:00 horas, con la posibilidad de extenderse hasta el martes. «No habrá madruguete de nadie», afirmó Godoy, en respuesta a las críticas por la celeridad del proceso.

Durante la sesión extraordinaria, las diputadas de MC, encabezadas por Claudia Ruiz Massieu e Ivonne Ortega, abandonaron la reunión en señal de protesta. Ortega, coordinadora de la bancada, denunció que no se permitió el uso de la palabra a varias legisladoras y criticó la falta de argumentos para procesar un dictamen que recibieron apenas al mediodía del mismo día.

Desde el PAN, la diputada Paulina Rubio cuestionó la rapidez con la que se pretende avanzar en la reforma: “Es irregular y fuera del reglamento”, advirtió, y subrayó que no se consultó a expertos en materia constitucional.

El PRI, por su parte, decidió aceptar la ampliación del debate. El coordinador de su bancada, Rubén Moreira, señaló que la decisión permitirá cumplir con los plazos reglamentarios: “Es necesario revisar esta reforma con calma para asegurar su constitucionalidad”, comentó.

La oposición asegura que la reforma promovida por Morena, PT y PVEM busca limitar la capacidad del Poder Judicial para revisar y frenar cambios constitucionales impulsados por la llamada Cuarta Transformación. En medio de las críticas por el proceso legislativo, el oficialismo defiende la propuesta como una medida para garantizar la “supremacía constitucional”.

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