Presidente de Taiwán desafía reforma legislativa y pide evaluación constitucional
El presidente de Taiwán, William Lai, ha decidido tomar una medida sin precedentes al solicitar al Tribunal Constitucional una evaluación sobre la legalidad de las recientes reformas legislativas aprobadas por el Parlamento, controlado mayoritariamente por la oposición.
En un discurso desde el Palacio Presidencial de Taipéi, Lai expresó su preocupación de que las enmiendas, impulsadas por fuerzas pro China como el Kuomintang (KMT) y el Partido Popular de Taiwán (PPT), podrían comprometer la separación de poderes y las disposiciones constitucionales.
Las reformas otorgan al Parlamento mayores poderes de supervisión sobre el Ejecutivo, incluyendo la capacidad de convocar audiencias públicas y obligar al presidente a pronunciar un discurso anual sobre el estado de la nación ante los legisladores, algo que hasta ahora era opcional.
Lai, líder del Partido Democrático Progresista (PDP), dejó claro que su objeción no radica en la intención de fortalecer la supervisión legislativa, sino en la forma en que se han ampliado estos poderes de manera que considera arbitraria. Por ello, ha decidido devolver las reformas al Parlamento para su reconsideración, confiando en un amplio consenso sobre su legitimidad y constitucionalidad.
Sin embargo, las enmiendas fueron nuevamente aprobadas el viernes pasado con el respaldo del KMT, el PPT y legisladores independientes afines, quienes conforman una mayoría en el Yuan Legislativo.
El coordinador del grupo parlamentario del PPT, Huang Kuo-chang, anticipó que usarán estos nuevos poderes para investigar casos de corrupción pasados y exigir explicaciones al PDP, subrayando el potencial de estas reformas para transformar el panorama político de Taiwán.
Ante esta situación, Lai ha decidido acudir al Tribunal Constitucional para que emita un fallo sobre la constitucionalidad y legitimidad de las enmiendas, insistiendo en que la Constitución debe ser respetada como la ley fundamental del país y confiando en que el tribunal mantendrá el orden constitucional y protegerá los derechos de los ciudadanos.
