La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó que mantiene contratos con Amílcar Olán, conocido por su amistad con Andy y Gonzalo «Bobby» López Beltrán, hijos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Esta revelación ha llevado al Órgano Interno de Control (OIC) de la Sedena a iniciar una investigación exhaustiva sobre posibles actos de corrupción y tráfico de influencias.
La Sedena informó que el OIC ha comenzado a revisar la actuación de sus servidores públicos en relación con Amílcar Olán y los miembros de «El Clan», una red de tráfico de influencias supuestamente vinculada a los hijos del presidente. Esta investigación surge tras confirmarse la existencia de contratos entre la Sedena y Olán, lo que ha generado sospechas sobre prácticas corruptas.
El inicio de esta indagación busca esclarecer si hubo irregularidades en los contratos adjudicados y si se utilizó la influencia de los hijos del presidente para obtener beneficios indebidos. La Sedena ha destacado que existen razones suficientes para abrir estas investigaciones, lo que ha generado un ambiente de expectativa y escrutinio público.
La controversia se intensificó cuando Latinus, un medio de comunicación, presentó cinco solicitudes de transparencia para obtener documentos relacionados con Amílcar Olán. El Ejército se negó a entregar estos documentos, clasificándolos como reservados por cinco años. La resolución del 28 de febrero argumentó que divulgar esta información podría entorpecer las investigaciones en curso sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos implicados.
«Dar a conocer información que forma parte esencial en la investigación de probables responsabilidades administrativas de los servidores públicos, puede entorpecer la secuela procedimental de las investigaciones que realiza la autoridad administrativa», señaló la Sedena en su resolución.
El comité encargado de la clasificación de estos documentos subrayó que la confidencialidad y secrecía de la investigación abierta por el OIC son esenciales para garantizar un proceso justo y sin interferencias. «El interés público de que se conozca la verdad histórica de las probables responsabilidades de los servidores públicos es superior al de que en este momento se haga público, cuando aún no existe determinación o resolución de la investigación administrativa», añadieron.
Entre los documentos solicitados se encuentran aquellos firmados entre Amílcar Olán y la Sedena desde el 1 de diciembre de 2018. Estos incluyen contratos por la compra de balasto y adjudicaciones otorgadas a Olán en los tramos 5, 6 y 7 del proyecto del Tren Maya. La negativa a transparentar estos documentos ha generado críticas y sospechas sobre la integridad del proceso de contratación.
El Tren Maya, una de las obras insignia del actual gobierno, ha estado bajo constante escrutinio debido a su magnitud y las implicaciones ambientales y sociales que conlleva. La relación de Olán con los hijos del presidente y su participación en estos contratos ha intensificado la atención y preocupación sobre posibles irregularidades en el proyecto.
La confirmación de estos contratos y el inicio de la investigación han generado diversas reacciones en el ámbito político y social. Críticos del gobierno han expresado su preocupación por la posible corrupción y el uso indebido de influencias, mientras que partidarios del presidente han llamado a esperar los resultados de la investigación antes de emitir juicios.
Con información de LatinUs
