En una sesión que se extendió por más de ocho horas, el Senado de la República aprobó una reforma constitucional que devuelve a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) su estatus como empresas públicas.
Con 86 votos a favor, 39 en contra y una abstención, la mayoría de Morena y sus aliados logró sacar adelante la propuesta que pretende fortalecer el control estatal sobre los recursos energéticos.
El presidente de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña, remitió de inmediato la reforma a los congresos estatales para continuar con el proceso legislativo. «Se trata de recuperar lo que nunca debimos perder», afirmó durante el cierre de la votación.
Dos visiones en choque: soberanía vs inversión privada
La discusión se centró en dos posturas opuestas: por un lado, los legisladores de Morena defendieron la reforma como una medida necesaria para recuperar la soberanía energética perdida con la reforma de 2013, impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto. El senador Oscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, calificó la iniciativa de Peña como «un error histórico» que abrió la puerta a la privatización del petróleo y la electricidad.
«El litio, los hidrocarburos y el internet no serán más objeto de acaparamiento por intereses privados. Serán bienes al servicio del desarrollo nacional», subrayó Cantón Zetina.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza, enfatizó que la CFE tendrá prioridad sobre las empresas privadas para garantizar tarifas accesibles y cumplir su función social. «Esta reforma busca revertir el modelo neoliberal que ha priorizado el lucro sobre el bienestar», destacó.
Sin embargo, los senadores de oposición, como Claudia Anaya, advirtieron que convertir a Pemex y CFE nuevamente en empresas públicas implicará trasladar sus grandes deudas al erario. “Esto es una contrarreforma que viola el T-MEC, ahuyenta la inversión privada y apuesta por energías contaminantes”, señaló Anaya.
Acusaciones de corrupción y críticas al pasado
Durante la sesión, el debate se volvió más tenso cuando los legisladores de Morena acusaron a la oposición de enriquecerse con negocios relacionados con energías limpias. «Son bisneros», sentenció el petista Gonzalo Yañez.
La senadora morenista Judith Díaz recordó los 120 millones de pesos en sobornos que, según denuncias, habrían recibido legisladores del PRI y PAN para aprobar la reforma de Peña Nieto en 2013.
Asimismo, el tema de la reciente condena por narcotráfico a Genaro García Luna se hizo presente en el debate. Las morenistas Andrea Chávez y Julieta Ramírez aprovecharon la discusión para pedir que el expresidente Felipe Calderón, quien reside actualmente en Madrid, asuma su responsabilidad por la corrupción ocurrida durante su gobierno.
Una reforma que marca el rumbo energético
La modificación a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales busca que el Estado mexicano recupere el control sobre sectores estratégicos. Además, la reforma establece que recursos como el litio no podrán ser objeto de especulación.
