Las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde reveló que tenía un «plan D» en caso de que la Suprema Corte invalidara la reforma judicial, han generado fuertes reacciones entre los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum destacó que, si la reforma era declarada inconstitucional, su estrategia consistía en asegurar el respaldo de cuatro de los once ministros de la Corte y dejar sin su haber de retiro a los magistrados que no apoyaran la reforma.
Para los integrantes del PJF, estas declaraciones fueron percibidas como una amenaza directa que atentaba contra la independencia judicial y los derechos adquiridos de los jueces.
El magistrado Juan José Olvera López calificó las palabras de Sheinbaum como una «amenaza clara«, destacando que se hablaba abiertamente de asignar un nuevo ministro y de afectar los haberes de retiro de los jueces como represalia por no votar a favor de la reforma.
«Lo dijo claramente en la mañana, ¿qué tipo de acciones son estas? Son amenazas claras sobre una afectación en los derechos adquiridos como juzgador», comentó Olvera López, quien señaló que la propuesta de una nueva reforma para asignar un ministro, en caso de que no se lograra la reforma judicial, era una maniobra política inapropiada.
Por su parte, la magistrada Magda Edna Lorena Hernández Granados advirtió que, bajo la administración actual, es posible esperar cualquier tipo de reforma constitucional. «Ya saben reformar la Constitución cada vez que hay una oposición», señaló, haciendo hincapié en el hecho de que las reformas constitucionales se pueden implementar rápidamente si no se alinean con los intereses del gobierno.
El magistrado Olvera López también planteó escenarios hipotéticos que, según él, podrían ser impulsados desde el Congreso, como la instauración de la tortura como un mecanismo legal de combate a la inseguridad o la reelección presidencial ilimitada. Estas preocupaciones surgieron ante la percepción de que la Corte no tendría capacidad para frenar posibles reformas que vulneren la democracia y los derechos fundamentales.
A pesar de la tensión generada por las declaraciones de Sheinbaum, los jueces y magistrados han reiterado su compromiso con la defensa de la Constitución y los derechos humanos, y aseguran que seguirán impulsando recursos legales como el juicio de amparo en contra de las reformas judiciales que consideren inconstitucionales.
El magistrado José Rogelio Alanís García recordó que, al asumir sus cargos, los jueces juraron defender la Constitución, y destacó la importancia de continuar con esta labor, independientemente de las presiones políticas. «Lo seguiremos haciendo a través del juicio de amparo», afirmó, insistiendo en que la lealtad a la Constitución es un compromiso irrevocable.
