Redacción MX Político.- Las autoridades electorales mexicanas, incluyendo el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), junto con exconsejeros y representantes de partidos políticos, coinciden en la necesidad de implementar medidas de seguridad para prevenir la injerencia del crimen organizado en las elecciones del 2024.
Según datos de la consultora Lantia Intelligence, el año pasado se registraron 322 eventos violentos relacionados con el ámbito político, resultando en 389 víctimas. Integralia Consultores ha alertado sobre la alta probabilidad de que la violencia política y la intervención del crimen organizado afecten las elecciones del próximo año.
La preocupación se centra en posibles ataques a candidatos o figuras políticas relevantes en regiones donde múltiples grupos delictivos compiten por el control territorial. También se teme la injerencia operativa para favorecer a candidatos afines en situaciones de competencia cerrada.
Para abordar estos riesgos, se ha establecido la Mesa de Seguridad Interinstitucional para el Proceso Electoral Federal (PEF) 2023-2024, con la participación del INE, el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como la Fiscalía General de la República (FGR). Esta mesa se encargará de supervisar y dar seguimiento a estrategias conjuntas para garantizar elecciones libres y pacíficas en junio de 2024.
En paralelo, el Consejo General del INE ha acordado emitir un informe mensual sobre los avances en las mesas de seguridad a nivel estatal y federal. El objetivo es coordinar esfuerzos entre autoridades federales y electorales para «blindar» las elecciones del 2024 y evitar actos violentos similares a los registrados en 2021.
Guadalupe Taddei, presidenta del INE, destaca la importancia del acompañamiento de las instancias de seguridad para el éxito del proceso electoral. Se busca establecer protocolos de seguridad para candidatos y garantizar la integridad física de los participantes en la contienda electoral. Aunque la seguridad no es una responsabilidad directa de las autoridades electorales, se reconoce la necesidad de colaboración con las instancias de seguridad.
El crimen organizado ha sido identificado como un factor de riesgo, habiéndose observado su presencia en elecciones pasadas, como en el caso de Tamaulipas en 2021.
