La Comisión de Amnistía de México indultó a 40 presos durante su sesión del jueves, elevando el número total recomendado para la liberación por el esquema a 332 desde 2020.
El Viceministro del Interior, Alejandro Encinas, y el Secretario Técnico de la comisión, Cresencio Jiménez, encabezaron la 10ª sesión ordinaria de la comisión.
La mayor parte de los indultados cumplía su condena en el Centro Penitenciario de Aguaruto en Culiacán, Sinaloa, seguido de los presos en los estados de Chiapas, Jalisco y Chihuahua. De las 40 personas indultadas el jueves, ocho son mujeres y 32 son hombres.
Hasta el momento, 249 personas cuyos casos han sido aprobados por la comisión han sido liberadas.
La Ley de Amnistía de México se firmó en abril de 2020 bajo la presidencia de López Obrador, lo que hace que las personas encarceladas por delitos específicos y bajo ciertas circunstancias sean elegibles para solicitar la amnistía. Los beneficiarios previstos de la ley son las personas que cometieron delitos por pobreza, exclusión social, coacción por parte del crimen organizado y otras vulnerabilidades atenuantes.
La aprobación de la ley se llevó a cabo con poca discusión en el Senado y con los legisladores argumentando que el proceso debería acelerarse, dadas las condiciones de hacinamiento en las prisiones y la amenaza del COVID-19. Sin embargo, según un artículo de 2021 del periódico Animal Político, la comisión solo ha aprobado alrededor del 2% de todas las solicitudes de amnistía.
Esto puede atribuirse en parte a retrasos presupuestarios y regulatorios, dijo Animal Político. Inicialmente, la comisión no se reunió regularmente y las audiencias sobre casos específicos se pospusieron ampliamente. Además, la información sobre la Ley de Amnistía no se difundió ampliamente en las cárceles y, cuando se hizo, la información fue confusa o incompleta.
La ley ha fracasado en su objetivo de reducir la población carcelaria: entre mayo de 2020 y 2021, el número de reclusos en el país aumentó en más de 10.000.
El miércoles, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó nuevamente a México cambiar sus leyes sobre el uso de la prisión preventiva. Según las medidas actuales, los sospechosos pueden permanecer en prisión durante años mientras esperan el juicio.
El gobierno federal ha defendido la prisión preventiva como necesaria para combatir delitos graves.
Con reportes de Sur Acapulco y Animal Político
