[El Castillo] Denominación terrorífica / En opinión de Lilia Arellano

Redacción Mx Político.- Frente a la multiplicación de señalamientos en los cuales abren la posibilidad de aplicarles a los carteles mexicanos la categoría de terroristas y ante el significado de esta determinación y vistas las consecuencias, habrá de puntualizarse en que los grupos criminales tienen la mayor parte de su operación y obtienen la mayoría de sus ganancias en Estados Unidos, por lo tanto la aplicación de las disposiciones antiterroristas debiera darse principalmente en su territorio. La introducción y distribución de los enervantes en suelo norteamericano, es con la complicidad de criminales de aquel país. Su incapacidad para contener el flujo de narcóticos en su territorio, no puede ser fundamental de una declaratoria de esa trascendencia.

Para situarnos en la posición de México, en la de los mexicanos, muchas son las quejas, las denuncias, los señalamientos y ahora la amenza de recibir el calificativo de país con terrorismo, lo cual les permitiría hasta bombardear las zonas en las cuales ubicaran la presencia de plantíos y laboratorios de estupefacientes, sin embargo ellos son los consumidores, en su sistema financiero se lavan billones de dólares producto del narcomenudeo, llevan miles de muertos por sobredosis pero, nuestra tierra, gracias a sus adictos, a la adiciones no combatidas, se ha convertido en un gigantezco cementerio. Para hablarles muy claro se requiere de autoridad moral y el asunto Cienfuegos y los saludos afectuosos lanzados cual reyes de la primavera, por señalar lo mínimo, la tienen eliminada.

Ante senadores estadounidenses, Anne Milgram, directora de la DEA, sostuvo que México debe dar máxima prioridad a los cárteles responsables del tráfico de fentanilo y metanfetaminas, como hizo desde 2012 a 2015 para desmantelar a Los Zetas. El gobierno del presidente AMLO puede actuar de tres maneras: intercambiando información, desmantelando laboratorios clandestinos y extraditando a personas acusadas de tráfico de droga. La audiencia en Milgram en el Senado coincidió con el juicio en Nueva York por narcotráfico de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública del ex presidente Felipe Calderón. Este proceso judicial recuerda los tentáculos del crimen organizado, que ha llegado a infiltrar a gobiernos. El año pasado, México extraditó a 24 acusados de narcotráfico a Estados Unidos, pero hay más de 200 en espera, reprochó la directora de la DEA.

Además, la semana pasada, el fiscal general Jason Miyares encabezó una coalición de 21 estados pidiendo al presidente Joe Biden y al secretario de Estado, Anthony Blinken, designar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras. A través de una carta, los 21 fiscales pidieron declarar a los cárteles mexicanos como “organizaciones extranjeras terroristas”, con el fin de “liberar recursos para confrontar la mortal crisis de los opioides con la seriedad que merece”. Fundaron su solicitud en el señalamiento de que estos grupos introducen a su territorio la mayor parte de las drogas sintéticas y que mantienen nexos con organizaciones terroristas como Hexbollah.

La petición de los fiscales republicanos al gobierno de Joe Biden, de aprobarse, tendría efectos extraterritoriales y puede afectar la soberanía de otras naciones y sus ciudadanos sin respetar sus derechos fundamentales. La medida procura combatir en el exterior un problema que tiene su origen en su propio territorio. Mientras no disminuya la demanda de estupefacientes, los grupos delincuenciales mexicanos o de cualquier parte del mundo, incluso los radicados en EU, tratarán de controlar ese mercado y de apropiarse del gran negocio.

Señalan como la principal consecuencia de esta fallida política de “abrazos no balazos” de López Obrador la muerte de miles de estadounidenses. Es el resultado, dicen, de la reducción en la cooperación de nuestro país con agencias de Estados Unidos, denunciado a lo largo de los tres años anteriores. El gobierno de AMLO enfrenta algunas acusaciones relacionadas con la corrupción de funcionarios públicos, políticos de su partido y miembros de las fuerzas policiales de la nación,investigación reiteradamente negada por el gobierno cuando se aborda el tema, pero, también, evadida. El asunto no es menor y da terror.

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