Para el avance de su proyecto político, López Obrador canceló instituciones, programas, fideicomisos y servicios como los de salud, los cuales fueron sustituidos por “programas sociales” o la transferencia directa de dinero –compra de votos-, lo que ha resultado poco efectivo por falta de control y planeación, detonando incontrolable corrupción. Ahora el dinero llega a menos gente y con más intermediarios. En términos económicos, se enfrenta un sexenio perdido. De lo desaparecido no hay un solo funcionario capaz de rendir cuentas sobre la utilización de esos recursos. En los cuatro años el crecimiento acumulado ha sido negativo: -0.35% y desde la llegada al poder del tabasqueño, México se encuentra en los últimos lugares en ese rubro, ocupamos el 126 de 195 países. López Obrador admitió que para su régimen los pobres no son más que una herramienta para ganar votos. En sus propias palabras: “ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe que cuando se necesita defender, en este caso, la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos… Entonces, no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política”.
El combate a la pobreza ha sido un fracaso total. De acuerdo con los datos oficiales, en 1995, el 30 por ciento de la población vivía en pobreza extrema. Para 2018, los gobiernos neoliberarles le entregaron sólo 7.8 por ciento de la población en pobreza. Es decir, en 27 años la pobreza extrema se redujo un 22 por ciento. Pero, en cuatro años de la 4T ésta subió al 10 por ciento. De acuerdo con los datos del Coneval, de 2018 a 2022 la pobreza aumentó en 6.4 millones, con 3 millones más en pobreza moderada y 3.3 en pobreza extrema. Según cifras del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, en dos años del gobierno de AMLO, la pobreza extrema en población ocupada aumentó un 12.19%, es decir, cuatro millones 519 mil 89 trabajadores de ambos sexos se sumaron a este sector.
Sin embargo poco importan estas cifras cuando lo principal, el renglón capaz de captar toda la atención del gobierno federal y su partido político son los procesos electorales: el del 2023 con una apuesta total a ganar el Estado de México y el 2024 en donde se buscará con un Plan C contar con la mayoría calificada requerida por el presidente para poner en marcha modificaciones constitucionales, principalmente las referentes al Poder Judicial y el nombramiento de los ministros. Acostumbrado a echar la culpa de todo a sus antecesores, el tabasqueño denunció crisis en el Poder Judicial porque los antiguos gobiernos del PRI y el PAN se repartieron los espacios en la Corte. “¿Por qué está crisis en el Poder Judicial? ¿Por qué se atrofió por completo ese Poder? Porque lo utilizaron como moneda de cambio cuando hicieron los acuerdos entre el PRI y el PAN”.
Las mentes cerradas no entienden la división de podres y su relevancia. Haciendo gala de ignorancia consideran imposible sea un puñado de once personas, los ministros de la Corte, quienes nunca obtuvieron el voto popular, puedan estar encima de los 30 millones de votos capturados, por lo tanto no les otorgan ninguna facultad para contravenir sus designios. En la lógica de los fanáticos, quien tiene el respaldo del electorado tiene la legitimidad para definir las leyes. Pues no. Desde 1917, el Constituyente estableció una condición: las leyes secundarias pueden ser modificadas por mayoría simple en las dos cámaras del Congreso. Pero, si se pretende modificar la Constitución, entonces eso no es suficiente, se requieren las dos terceras partes de los votos del Congreso, así como la aprobación de más de la mitad de los estados de la República. Además, en las últimas décadas, se estableció un elemento adicional: La Suprema Corte de Justicia de la Nación es un Tribunal Constitucional. Es decir, una de sus funciones esenciales es establecer si las leyes aprobadas por el Congreso de la Unión son constitucionales. Si no lo son, su tarea es impedir que leyes, reglamentos o decisiones de los poderes contravengan la Constitución. Esto –ojo Consejería Jurídica de Presidencia- no es invadir atribuciones del Legislativo sino cumplir con una de las tareas esenciales del Poder Judicial.
