Escándalo en Yucatán: Contratos Millonarios del Programa Sembrando Vida a Empresa Señalada por Vínculos ‘Fantasma

En un sorprendente hallazgo, la empresa «Comercializadora Realza SA de CV» en Yucatán ha sido beneficiada con contratos que suman más de 728 millones de pesos, otorgados por adjudicación directa en el marco del Programa del Bienestar del Gobierno Federal, Sembrando Vida. Este programa, destinado a apoyar al sector agropecuario, ha suscitado controversia al favorecer a una empresa que carece de antecedentes como proveedor en este ámbito, dedicándose originalmente al comercio al por mayor de mobiliario y equipo de oficina.

La empresa, señalada anteriormente por el SAT en 2019 por sus lazos con una entidad catalogada como «fantasma» llamada «Edificadora Líder Mexyuc», habría obtenido estos millonarios contratos durante la gestión de Joaquín Díaz Mena, entonces delegado de la Secretaría del Bienestar en Yucatán y hoy precandidato de Morena para la gubernatura de Yucatán.

A pesar de las anteriores observaciones del SAT y de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) en 2018, la empresa «Comercializadora Realza SA de CV» logró firmar un «convenio marco» con la Secretaría del Bienestar el 12 de septiembre de 2019, garantizando contratos por 728 millones de pesos. Uno de los contratos más cuantiosos fue destinado a la adquisición de «hidrogel».

Los contratos, otorgados bajo la modalidad de adjudicación directa debido a «urgencia», presentan notables inconsistencias. A pesar de no tener historial en la comercialización de grandes cantidades de hidrogel a nivel nacional, la empresa fue seleccionada para estos contratos millonarios.

Además, se han detectado irregularidades en las direcciones reportadas por la empresa, siendo imposible confirmar la entrega de insumos para el Programa Sembrando Vida por los que se pagaron más de 728 millones de pesos. Uno de los domicilios proporcionados resultó ser asociado a la «empresa fantasma» vinculada en el pasado por el SAT.

Este escándalo pone en entredicho la transparencia y eficacia en la asignación de contratos para programas federales, generando dudas sobre la integridad del proceso y la destinación real de los recursos destinados a impulsar el sector agropecuario en Yucatán.

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