En lugar de buscar la “profesionalización” de los agentes del Ministerio Público Federal, de integrar mejor las carpetas de investigación.
Redacción MX Político.- Trece jueces federales estarían ya en la mira de la Fiscalía General de la República (FGR), contra quienes se han abierto carpetas de investigación.
Se percibe que el retorno del Fiscal Alejandro Gertz Manero –tras su internamiento y cirigía respectiva- se enmarca en un proceso de “revancha” implacable, contra todo aquel letrado que pretenda
De acuerdo a medios, la instancia ha emitido calificativos contra otros juzgadores y amagó a uno más con emprender acciones legales por ordenar que se cancele la orden de aprehensión contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Asimismo, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) recibió quejas de dependencias para que se revise el trabajo de los jueces que han frenado casos y proyectos federales que no se pueden ejecutar hasta que se resuelva de fondo los juicios que promueven ciudadanos contra las acciones que pone en marcha el Gobierno Federal.
De acuerdo a funcionarios judiciales, hay más de una docena de quejas contra juzgadores adscritos en materia administrativa, de competencia económica y de materia penal, especialmente por detener la entrada de decretos y trabajos del Tren Maya.
Los asuntos donde la FGR ha iniciado carpetas contra jueces tienen que ver con el de los tres abogados y un asesor financiero cercanos al ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra; el de la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, y el de Ramón Sosamontes Herreramoro, ex colaborador de la ex funcionaria.
Como vemos, los tres con competencia o acceso suficiente a carpetas de personajes vinculados a la política… pero de filiación contraria en material electoral o ideológica.
La Fiscalía General de la República (FGR) tiene en la mira a tres jueces federales contra los que ha abierto carpetas de investigación, además que ha emitido calificativos contra otros y amagó a uno más con emprender acciones legales por ordenar cancelar la orden de aprehensión contra el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, fallos que han echado abajo los casos emblemáticos de esta administración.
En línea paralela, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) recibe quejas de dependencias como la FGR, para que se analice la labor de los impartidores de justicia que han puesto freno a casos y proyectos federales que no se pueden ejecutar hasta que se resuelva de fondo los juicios que promueven ciudadanos contra las acciones que pone en marcha el gobierno federal.
Al menos son 10 juzgadores los que son invstigados bajo este último argumento.
Funcionarios judiciales comentaron que hay más de una docena de quejas contra jueces adscritos en materia administrativa, de competencia económica y de materia penal, particularmente por frenar la entrada de decretos y las obras del Tren Maya.
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Recordaron que el Poder Judicial de la Federación vivió una situación casi similar en el sexenio de Felipe Calderón, por las resoluciones dictadas en ‘El Michoacanazo’ y ‘Operación Limpieza’.
Sin embargo, en aquella época, el entonces ministro Juan Silva Meza, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respondió directamente a las críticas del titular del Ejecutivo Federal y respaldó la labor de los juzgadores.
En mayo de 2022, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, juez de control del Centro de Justicia Penal en el Reclusorio Sur, tumbó el caso donde la FGR trató de vincular a Julio Scherer con una organización delictiva que presuntamente trató de extorsionar al abogado Juan Collado para que vendiera su empresa Caja Libertad a Banco Afirme.
El juzgador ordenó dar vista a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para investigar a Juan Collado y a los fiscales por presuntas violaciones a los derechos humanos, debido a la forma en que se condujo la FGR.
Por su parte, Gustavo Aquiles Villaseñor, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, rechazó vincular a proceso a Ramón Sosamontes Herreramoro, porque no hay elementos para llevar a proceso al ex funcionario por el presunto delito de uso indebido de atribuciones y facultades, por suscribir un contrato por 203 millones de pesos.
Días después, Roberto Paredes Gorostieta, juez de control en el CJPF del Reclusorio Sur, absolvió a Rosario Robles del presunto delito de uso indebido del servicio público, por ser omisa de un supuesto desvío de más de 5 mil millones de pesos, caso conocido como la Estafa Maestra,.
Recientemente, la FGR amenazó con emprender acciones legales contra Faustino Gutiérrez Pérez, juez Octavo de Distrito en Tamaulipas que amparó y ordenó cancelar la orden de aprehensión contra el ex gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca.
hch
