Gobernadores piden a SCJN no eliminar la prisión preventiva oficiosa

Redacción, Noticias MXPolítico.-Los 31 gobernadores y el jefe de Gobierno del país emitieron un posicionamiento, en calidad de Amicus Curiae, dirigido a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ministra Norma Lucía Piña, solicitando que no se suprima la prisión preventiva oficiosa en México.

En el comunicado, compartido por el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, los líderes políticos respaldaron la utilidad de esta medida, argumentando que contribuye a asegurar la correcta conducción de un proceso penal, proteger a las víctimas y evitar la impunidad de los responsables.

«Realizamos un llamado respetuoso a la Suprema Corte para que considere lo expresado aquí, dado que esta decisión tendrá un impacto directo en la seguridad y gobernabilidad del país, así como en la de las entidades federativas», se destaca en el texto.

El posicionamiento de los gobernadores llega en el contexto de una próxima revisión que se espera realice la SCJN tras la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), la cual ordena a México reformar las leyes para restringir el uso de la prisión preventiva oficiosa.

En mayo del año pasado, la SCJN anunció su intención de definir su participación en la ejecución de la sentencia de la CorteIDH, iniciando el expediente 3/2023, bajo la supervisión del ministro Jorge Pardo Rebolledo, para cumplir con la orden emitida en el caso «García Rodríguez y otro vs. México».

En su comunicado, los gobernadores destacaron que, si bien las sentencias de la CorteIDH son vinculantes, estas no deben contravenir la Constitución mexicana.

«Nos pronunciamos como Amicus Curiae, con absoluto respeto hacia la SCJN, solicitando que se considere también el principio de supremacía internacional, siempre velando por los derechos de las víctimas del delito», subrayaron.

Además, advirtieron que otorgar «preferencia a una norma de carácter internacional sobre el derecho interno» podría implicar que un tribunal extranjero invalide una disposición constitucional.

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