Activistas reclaman desde un foro en Nueva York, que la minera se ha tratado de “apoderar, como si fuese una propiedad, del territorio mexicano para seguir contaminando” el manto freático del que dependen miles de personas y comunidades indígenas de Playa del Carmen, en Quintana Roo.
Redacción MX Político.- Continúa la controversia entre la empresa minera Calica, que es filial de la estadounidense Vulcan Materials y amenaza con migrar de manera total desde el terreno de los tribunales internacionales al ámbito político.
Las comunidades aledañas a la mina ya están exigiendo una indemnización millonaria al seno mismo del Congreso Estadounidense, dado el grave deterioro ambiental y la violación de los derechos humanos de los habitantes mayas, que ha generado la explotación de materiales en territorio de Quintana Roo, aseveraron defensores y especialistas en la materia.
En un foro virtual coordinado por la ONU realizado desde Nueva York en el Día Mundial del Agua, los activistas señalaron que la minera se ha tratado de “apoderar, como si fuese una propiedad, del territorio mexicano para seguir contaminando” el manto freático del que dependen miles de personas y comunidades indígenas de Playa del Carmen, en Quintana Roo.
Raúl Benet, defensor ambiental, explicó que en los años 80 se otorgó a Calica la concesión para extraer piedra caliza y en el último día del sexenio del priísta Ernesto Zedillo se le concedió otro permiso para obtener la roca mediante la detonación de grandes cantidades de explosivos del tipo de hidrogeles, por debajo del manto freático.
Por otra parte y en franco respaldo de la causa de los ambientalistas quintanarroenses, la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, en un mensaje videograbado transmitido en el foro, coincidió en que “es evidente la devastación ambiental” en más de 2 mil 400 hectáreas en la zona de Playa del Carmen ocasionada por la empresa en más de tres décadas, la cual en lugar de remediar y compensar los daños “decidió demandar al gobierno mexicano en tribunales internacionales para proteger sus inversiones, mientras el aire, el agua y la tierra” de las comunidades sigue contaminada.
hch
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