Más de 700 trabajadores impugnan el Fondo de Pensiones para el Bienestar en histórica demanda de amparo

Redacción, Noticias MXPolítico.-En una acción sin precedentes, más de 700 empleados del gobierno federal y del sector público han elevado una contundente demanda de amparo ante el Consejo de la Judicatura Federal contra la reciente creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Este fondo, surgido a raíz de un decreto emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha suscitado una respuesta enérgica por parte de los afectados, quienes consideran que vulnera sus derechos fundamentales.

El anuncio de esta medida legal fue realizado a través de un video difundido en redes sociales, donde representantes legales del despacho Trusan & Roma confirmaron la firma de 727 individuos, provenientes tanto del ámbito privado como del público. Según explicaron, la principal motivación detrás de esta acción radica en la afectación que supone para la gestión futura de sus recursos en distintas administradoras.

El representante legal del grupo enfatizó la supuesta inconstitucionalidad del decreto presidencial, argumentando que su retroactividad y su impacto en la seguridad jurídica resultan altamente cuestionables. Este posicionamiento refleja el sentir de cientos de trabajadores que, preocupados por la estabilidad de sus pensiones y la protección de sus derechos, han decidido levantar su voz en defensa de sus intereses.

Asimismo, se ha anunciado que en las próximas semanas se espera que un número considerable de empleados de diversas instituciones federales, entre ellas el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Guardia Nacional (GN) y el Instituto Nacional Electoral (INE), se sumen a esta acción legal presentando nuevas demandas de amparo contra el mencionado fondo de pensiones.

Este acontecimiento marca un hito significativo en la resistencia de los trabajadores del sector público y federal ante medidas que consideran lesivas para sus intereses económicos y legales, evidenciando un claro llamado a la defensa de sus derechos y garantías constitucionales.

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