Redacción Oaxaca Político / NVI Noticias.- El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (TSJEO) ordenó a la Universidad del Istmo (Unistmo) Ciudad Ixtepec acatar la recomendación de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) a favor de B.N.A., denunciante de violencia sexual dentro del campus y M.S.M., víctima de hostigamiento laboral.
“Se acredita con ello que en el interior de la universidad hubieron actos de violencia sexual, hostigamiento sexual y abuso sexual hacia alumnas de parte de docentes de la Unistmo, de la licenciatura en Derecho, y que también hubo hostigamiento laboral de parte de las autoridades de los directivos hacia la maestra Montserrat por acompañar el caso de violencia sexual que, al final del día, es una violación a los derechos humanos de las alumnas”, señaló Flora Gutiérrez, abogada integrante de la Red de Abogadas Indígenas (RAI) capítulo Oaxaca.
Flora Gutiérrez explicó que de las recomendaciones hechas por la DDHPO bajo el expediente 04/2021, la sala constitucional ordenó a la Unistmo el cumplimiento con la excepción de la compensación en lo relativo a la estudiante que denunció acoso sexual. En el caso de la maestra se condenó al cumplimiento de la recomendación en el punto cuatro, quinto y sexto.
En su primera recomendación la DDHPO estableció que como medida de rehabilitación realice las acciones que resulten necesarias para garantizar el establecimiento de los derechos de B.N.A y M.SM, dentro de la comunidad universitaria.
Segunda, se proporcione a las víctimas la atención psicológica y médica especializada que requieran con motivo de los hechos violatorios de los derechos humanos cometidos en su contra; así mismo, a través de la Asesoría Jurídica Estatal se les brinde acompañamiento jurídico.
En la tercera se instruyó a quien corresponda a que, de no existir impedimento legal alguno, reabra los procedimientos administrativos de responsabilidad instruidos contra las personas señaladas de violencia sexual.
En el caso de la profesora la DDHPO recomendó su reincorporación en el trabajo, brindar la atención psicológica y médica especializada, también iniciar los procedimientos administrativos de responsabilidad en contra de las y los servidores públicos que incurrieron, consintieron y toleraron la violación de los derechos humanos de las denunciantes de violencia.
GPP
