Redacción MX Político.- El “Plan B” de la reforma electoral afecta a todos los grupos en situación de vulnerabilidad, incluidas las mujeres, por lo que el Grupo Parlamentario del PRI presentará la próxima semana una acción de inconstitucionalidad en su contra, informó la diputada Carolina Viggiano Austria.
En conferencia de prensa, junto a sus compañeras de bancada, la legisladora señaló que con estas modificaciones legales se reducen los espacios destinados a personas indígenas, afromexicanos, con discapacidad, de la diversidad sexual y migrantes.
“Hoy tendremos menos posiciones para estos grupos, 25 postulaciones menos para personas indígenas, con discapacidad, afromexicanos, diversidad sexual migrantes y residentes en el extranjero”, reiteró.
Además, cualquier persona que sea deudora alimentarias o con antecedentes de violencia puede ser candidato a un cargo de elección popular; “porque eso se eliminó”.
Pone el riesgo los derechos políticos-electorales de las mujeres y los avances logrados contra la violencia política en razón de género, pues prohíbe la intervención de la autoridad electoral en el cumplimiento del principio de paridad para la postulación de candidaturas y diligencias partidistas.
“El Instituto Nacional Electora (INE) y el Tribunal Electoral no podrán vigilar que se cumplan los derechos políticos de las mujeres; ni propone medidas para asegurar su participación. Sólo el Congreso de la Unión podrá emitir las normas que regulan el proceso de postulación de candidaturas y no podrá ser modificado por acuerdos lineamientos o reglamentos de los órganos”, aseveró.
También, agregó, esta reforma modifica la estructura territorial de los órganos ejecutivos del INE, “lesionando la autonomía y afectando la vigilancia de los procesos de capacitación y organización electoral”.
Explicó que, de igual forma, se elimina la posibilidad de incorporar medidas como la ley “3 de 3” contra la violencia; asimismo, viola los tratados internacionales que México ha ratificado en materia de Derechos Humanos.
Por otro lado, adelantó que el PRI no permitirá que en el Estado de México, donde contiende una mujer por la coalición Va por México, “viva la violencia de la que yo y muchas otras mujeres hemos sido víctimas”.
“Que no haya violencia todas las mañanas como lo hicieron conmigo, vamos a estar vigilantes de que nuestra compañera Alejandra del Moral tenga respeto y condiciones de igualdad, porque ella es la mejor para ganar la contienda”, asentó.
En su oportunidad, la diputada Melissa Vargas Camacho destacó que el PRI ha impulsado una agenda de género, de la cual han emanado propuestas como los refugios para mujeres en el Estado de México.
En materia legislativa, ha propuesto tipificar la violencia vicaría, establecer la obligatoriedad de que en los comités ejidales se tengan que nombrar por paridad, y para sanciones a quien lesione a mujeres utilizando ácidos o sustancias similares, conocida como “Ley Malena”, y se dé el acceso a las víctimas a las cirugías reconstructivas.
La diputada Norma Aceves García expuso la importancia de que las mujeres con discapacidad lleguen a cargos públicos y a espacios de toma de decisiones, a fin de que se visibilicen y atiendan sus necesidades, como servicios integrales de salud.
“Espero que en algún momento seamos más las que estemos en estos espacios, esas mujeres que pocas veces volteamos a ver, que no forman parte de los grupos feministas que tampoco pueden ir a la escuela, pero que tampoco tienen acceso a servicios integrales de salud”.
Sostuvo que es necesario que los medios de comunicación y las autoridades dirijan la mirada hacia las mujeres con discapacidad, y sean consideradas como sujetos de derecho, “porque no estamos aquí pidiendo un favor”.
La diputada Blanca Alcalá Ruiz enfatizó la importancia de “construir puentes” entre los distintos grupos parlamentarios, así como con organizaciones de la sociedad civil.
Apuntó que estos acuerdos permitieron construir una iniciativa plural lograr establecer la declaración “3 de 3” contra la violencia, misma que busca modificar la Constitución a fin de que ningún violentador, agresor o deudor alimentario, pueda llegar al poder.
“Nunca más estaremos viendo que un candidato o un representante pueda acceder a algún cargo público, ni candidatos a diputados o senadores, a presidentes municipales, a ministros, a magistrados, incluso al presidente de la república podrán acceder si se encuentra en alguno de estos supuestos”.
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