Redacción MX Político.- En un reciente fallo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha ratificado la decisión de sancionar a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, por violencia política de género contra diputadas federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La mandataria ha sido ordenada a ser inscrita en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPS).
El caso se remonta a julio de 2022, cuando Layda Sansores realizó señalamientos públicos afirmando que las políticas del PRI tuvieron que enviar fotografías íntimas al dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno, para conseguir su candidatura como diputadas federales.
Estas declaraciones provocaron denuncias de las legisladoras afectadas, acusando a la gobernadora de calumnias y violencia política.
En mayo pasado, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral determinó que Layda Sansores había incurrido efectivamente en violencia política de género y le instruyó a ofrecer una disculpa pública a las agraviadas.
Sin embargo, la sentencia fue revisada por la Sala Superior del TEPJF, que decidió desestimar las medidas de reparación complementarias, incluyendo el despliegue de la disculpa pública en la página oficial del Gobierno de Campeche y la obligación de realizar un curso en materia de violencia política de género.
A pesar de esta revisión, el Tribunal Electoral mantuvo firme la sanción de inscribir a Layda Sansores en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
La decisión se basó en la ratificación de la existencia de violencia política de género en el caso y en la necesidad de que las conductas de este tipo no queden impunes.
No obstante, el pleno de la Sala Superior del TEPJF también determinó que la Sala Especializada deberá realizar una nueva valoración sobre la temporalidad de la inscripción de Sansores en el registro de sujetos infractores. Inicialmente, se había impuesto una sanción de cuatro años y seis meses.
La Sala Superior consideró que aspectos cruciales, como el contexto en el que se cometió la conducta infractora, el tipo de violencia, la sistematicidad, el grado de afectación generado y la intencionalidad de la conducta, no fueron adecuadamente ponderados en la decisión previa.
Este caso ha generado un importante debate en torno a la violencia política de género y la necesidad de proteger los derechos políticos de las mujeres. El TEPJF busca con estas acciones sentar un precedente claro de rechazo a cualquier forma de violencia política y garantizar un ambiente de respeto e igualdad en el ámbito político.
La Sala Especializada tendrá la responsabilidad de realizar una nueva valoración considerando los aspectos mencionados, para determinar el periodo de inscripción de Layda Sansores en el Registro de Sujetos Infractores, en aras de asegurar una justa y adecuada sanción acorde con las circunstancias del caso.
La resolución final del tribunal será definitiva y deberá ser acatada sin posibilidad de recurso adicional.
